Desde noviembre del 2009, los
vecinos del barrio de la
Conchita en Coyoacán hemos venido librando una batalla
titánica en contra de la arbitraria decisión de funcionarios del ámbito federal y del
GDF, de construir un centro de eventos en la calle Fernández Leal no. 43.
El predio adquirido por EDUCAL
S.A. de C.V., brazo mercantil de CONACULTA, mediante dos escrituras (una con
fecha de abril del 2009 y la segunda de agosto de ese mismo año con un
diferencial de casi seis millones de pesos entre ambas), nunca ha tenido,
jurídicamente hablado, un uso de suelo diverso al habitacional. En 1991 los
propietarios originales intentaron contar con una autorización de
uso mixto, solicitud que les fue negada por las autoridades delegacionales de aquél entonces. A los vecinos
les consta que durante varios años en ese inmueble jamás operó ni una escuela ni ninguna productora de cine. Se cuenta con pruebas documentales de que CONABIO tuvo ahí por más de cinco años sus oficinas. En este sentido es ilegal el proceder de SEDUVI al otorgarle al predio la autorización de Equipamiento y Servicios,
lo que posibilita que, incluso, pueda establecerse hasta un
restaurante y un bar.
La calle de Fernández Leal es el
hábitat de poco más de 100 familias que sufren ya las consecuencias negativas
de las componendas de las diversas autoridades que a lo largo de las últimas décadas han permitido, en violación al uso de suelo habitacional legalmente establecido, varios negocios
como es el caso de un restaurante, una clínica oftalmológica, dos grandes escuelas y hasta una clínica del ISSSTE. El reiterado intento de dar a esta
calle un uso de suelo distinto en perjuicio de los intereses de estas familias, llega al colmo con este proyecto de CONACULTA lleno de violaciones y arbitrariedades.
En un recuento suscinto de eventos tenemos:
1.- SEDUVI (origen de todo este problema social y jurídico) es quien otorga en mayo del 2010 una constancia de viabilidad
del proyecto, aduciendo derechos adquiridos y solicitando firmas de ciudadanos,
muy respetables pero que no son habitantes de la zona. La demostración de la
ilegalidad de su actuar se ha visto manifiesta desde el hecho mismo que ha cambiado ese certificado hasta en tres ocasiones (en un
intento por demás desaseado de subsanar sus errores y procurando adecuar su
actuar a la nueva Ley de Desarrollo Urbano, que ha sido rechazada por
prácticamente todas las delegaciones del DF).
La presión vecinal (cierre de
calles, denuncias ante el propio Jefe de Gobierno, la Función Pública federal,
la comisión del Senado de la República que se ocupa de la ciudad, el propio Secretario de Educación en el ámbito federal -quien es parte de las asamblea de
socios de EDUCAL S.A. de C.V.- la Procuraduría General de Justicia del DF, la Comisión de Derachos Humanos del DF) llevó a que el titular de SEDUVI accediera a tener varias reuniones
(les llama mesa de diálogo y son instancias de engaño y burla a la ciudadanía). En una de ellas, la realizada el 17 de febrero de 2011, su propia Dirección
Jurídica públicamente reconoció las irregularidades del procedimiento seguido
por los funcionarios de SEDUVI e, incluso, señaló que por esa causa un
funcionario había sido removido de su cargo.
2. LA DELEGACIÓN Coyoacán se ha lavado las manos aduciendo que no tiene facultades para actuar en favor de la ciudadanía
que representa y sirve, llegando a sugerirles a los vecinos que se opongan a
las acciones de SEDUVI y de CONACULTA y manifiesten públicamente sus protestas.
Como respuesta a una carta pública, el mismo delegado tuvo que reconocer que está
actuando conforme las directrices del gobierno central.
3. CONACULTA-EDUCAL se han
distinguido por su actuar autoritario, caprichoso, improvisado y minimizando
las opiniones ciudadanas (“son un pequeño grupo de señoras viejas e incultas”),
por la falta de claridad y racionalidad en sus políticas públicas, por el uso de manera discrecional y erl despilfarro de recursos (a trescientos metros de Fernández Leal existe ya una librería EDUCAL) y por su actuar de manera falaz y pretendiendo engañar a la opinión pública (primero se dijo que el proyecto era una librería, luego resultó que
se trataba de un centro de estudio de la mujer denominado Elena Garro, y un
centro librero o la librería ancla de EDUCAL, después se llegó a afirmar que no se pretendía pasar sobre la voluntad vecinal y que el proyecto podría irse a otro lado, todo como
una forma de ganar tiempo), aunque por encima de todo su proyecto de Fernández Leal se percibe
como una ocurrencia o capricho autoritario, probablemente ocultando otras motivaciones políticas o económicas.
4. Múltiples han sido las INSTANCIAS JURISDICCIONALES ante las que se
han interpuesto, entre otras, amparos, solicitud de un proceso de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del DF, denuncias
ante PAOT y la PGJDF y gestiones ante Setravi. Dado los resultados hasta ahora obtenidos, la actuación de los órganos a los que hemos recurrido resulta cuando menos sospechosa. La
dilación en la toma de acuerdos de todas estas autoridades pareciera responder más a una intención de hacer que los vecinos desistan de sus protestas y denuncias,
por el camino del cansancio; que la de hacer justicia de manera eficaz.
5. En un auténtico
ejercicio de su derechos LOS VECINOS hemos invertido tiempo, dinero en abogados, copias,
producción de mantas, volantes, informes a los medios, conferencias de prensa.
Existe entre nosotros el convencimiento generalizado de que lo menos que les importa
a los gobiernos local y federal, es el interés de la ciudadanía.
CONACULTA es una institución que enfrenta muchos problemas con el ejercicio de éste y otros presupuestos y, no obstante las innumerables observaciones, cuestionamientos y críticas que ha suscitado su actuación, goza de gran impunidad (por ejemplo, en este caso se ha destruido una casa catalogada, con la complicidad del INBA y del INAH, ambas sectorizadas con CONACULTA y al parecer nadie va a ser sancionado por ello).
De igual forma, los servidores públicos o funcionarios de CONACULTA han incumplido, en
complicidad con muchas otras autoridades, las responsabilidades primarias y jurídicas de:
- Cumplir con la máxima diligencia el servicio que les ha sido encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión;
- Observar buena conducta en su empleo, cargo o comisión, tratando con respeto, diligencia, imparcialidad y rectitud a las personas con las que tenga relación con motivo de éste.
- Proporcionar en forma oportuna y veraz, toda la información y datos solicitados por la institución a la que legalmente le competa la vigilancia y defensa de los derechos humanos, a efecto de que aquélla pueda cumplir con las facultades y atribuciones que le correspondan. (Así ha sido con las denuncias que se presentaron ante la función pública).
Con el levantamiento de
los sellos de clausura (lograda gracias a la presión vecinal), y lo obvio de la
intención de todos los involucrados en este asunto de imponer y acelerar una obra (en la que se trabaja noche y día sin que autoridad alguna le importen las enormes molestias que producen en el vecindario) de manera a todas
luces violatoria de los más elementales derechos de ciudadanos, lo único que
han logrado es ahondar la percepción de
desconfianza que abruma a una buena parte de los mexicanos, y que, sin una
protección real de tantas instancias que le cuestan al erario y que no resuelven
nada, no le dejan más salida que buscar opciones fuera de nuestras fronteras, o
llegar a manifestaciones, incluso de violencia como las que se están dando en
diversas delegaciones, y que no abonan ni a la seguridad de las personas ni a
la certeza jurídica que debería existir en caso de ser México una nación con un
autentico estado de derecho.
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