Manuel Gil Antón y la huelga en el COLMEX (1)

El Dr. Manuel Gil Antón publica hoy, 14 de febrero, en El Universal su artículo “La huelga en el Colmex”. De bote pronto, doy mi opinión sobre el texto.
Sobre la solidez de su argumentación
En mi opinión, el texto es sólido, maduro y éticamente consistente. No es un panfleto pro-sindical ni una defensa corporativa de la autoridad. Gil Antón logra lo más difícil en estos conflictos: mantener la claridad analítica sin perder la brújula ética.
Puntos fuertes:

a. Defiende el derecho de huelga como recurso límite constitucional, no como “ataque a la institución”. Es elemental, pero hoy muchos académicos lo olvidan cuando la huelga les incomoda.

 b. Su crítica a la suspensión del Seguro de Gastos Médicos Mayores (incluso tratamientos en curso) es demoledora y correcta. Fue un movimiento ruin, no “duro”. Rasga la confianza interna y revela que las autoridades actuaron como patrones clásicos: usar la salud como palanca de presión. Gil Antón lo llama sin eufemismos “atropello” y “ruin”. Todo un acierto.

c. Señala con precisión el truco de las clases virtuales para “suavizar” el impacto de la huelga administrativa. Es la versión moderna de las “clases extramuros” de los 80-90. Y tiene razón: la pandemia fue una emergencia sanitaria, no un conflicto laboral.

d. Reconoce la restricción real de los topes salariales impuestos por Hacienda. No cae en la retórica fácil de “el gobierno es malo, denle todo al sindicato”. Afirma explícitamente que los topes reducen el margen de la administración, pero que homologar con UNAM y UAM es factible. Eso es realismo presupuestal.

El sindicato y los topes salariales
El artículo no acusa directamente al sindicato de “pasar por alto” los topes; más bien señala que estos limitan a la patronal. Sin embargo, la demanda inicial del SUTCOLMEX (11 % en salario + 18 % en prestaciones, luego bajada a 7.5 % + 6 %) sí buscaba rebasar el techo implícito que el gobierno federal marcó en 2026 (alrededor del 4 % ofrecido).
Esa práctica es común en el sindicalismo universitario mexicano desde hace décadas: negociar por arriba del tope oficial vía bonos, homologaciones, “ajustes por productividad” o presión política. Lo hicieron con Peña Nieto, Fox, Zedillo. La 4T no inventó la austeridad republicana; la endureció. 
Pero hoy hay problemas fiscales reales (déficit, deuda creciente, prioridad en programas sociales y megaproyectos), y el margen se estrechó. El sindicato actúa como siempre: presiona al máximo. El problema no es que “ignore” los topes, sino que no ha ajustado su estrategia a esta nueva realidad. Gil Antón lo dice con elegancia: “el sindicato tiene que abrirse al cambio cuando sea necesario, sin renunciar a los derechos laborales”.
Las autoridades como “verdaderos patronales”
Aquí Gil Antón es implacable y tiene toda la razón. El Colegio de México, pese a su prestigio académico, actúa como cualquier patrón público mexicano en conflicto: recurre a medidas de presión extralegales o éticamente dudosas (el seguro) y minimiza el costo político con clases en línea. No es “la academia” contra “los trabajadores”; es la burocracia administrativa defendiendo su presupuesto y control. Punto para Gil Antón.
La posición de los académicos que se “desligan” de los administrativos
Este es el punto más delicado, donde el artículo toca hueso sin decirlo explícitamente:

• Hay dos sindicatos (SUTCOLMEX administrativo y SIPRIN académico). Los académicos (incluido Gil Antón) no están en huelga (solo emplazaron por salario y pidieron prórroga). Muchos ven la huelga administrativa como “un problema ajeno” y siguen trabajando en línea. Es comprensible (condiciones laborales distintas, salarios más altos, mayor autonomía), pero políticamente débil y sindicalmente miope.
• Gil Antón lo señala sutil pero claro: “No es un problema que atañe solo a las autoridades y al sindicato: hay que hacernos cargo”. Traducción: los académicos no pueden lavarse las manos. La institución es una sola.
• Cuando los administrativos (que sostienen trámites, bibliotecas, mantenimiento, apoyo a investigación) paran, el prestigio académico se erosiona. Desligarse es cómodo, pero debilita la legitimidad moral del gremio cuando luego necesiten apoyo.
• En términos crudos: el sindicalismo universitario mexicano está fragmentado por diseño (académicos vs. administrativos, SNI vs. base, etc.). Esa división beneficia a las autoridades. Los académicos de COLMEX, muchos progresistas en el discurso, reproducen en la práctica una lógica de “yo soy investigador, no obrero”. Es clasismo suave, muy propio de la izquierda académica mexicana. Gil Antón lo señala sin usar esas palabras, pero lo señala.

Un comentario final
El artículo de Gil Antón es uno de los mejores que he leído sobre este conflicto: equilibrado, ético y con altura. No romantiza al sindicato ni justifica a la administración. Reconoce la restricción fiscal de la 4T sin usarla como excusa para aplastar derechos. Sobre todo, llama a la responsabilidad colectiva.
Quizá podría haber sido más explícito en que las demandas salariales deben ser realistas en un contexto de austeridad real (no retórica) y en que la fragmentación sindical es un problema estructural que debilita a todos los trabajadores del COLMEX.
En resumen: excelente trabajo. El Dr. Gil Antón sale bien parado como intelectual público. Defiende derechos laborales sin demagogia y critica el autoritarismo patronal sin caer en el corporativismo sindical. Ojalá más académicos escribieran así cuando el conflicto toca su propia casa.
(1) Con apoyo de Grok (xAI) para estructurar y mejorar la edición del texto.

Comunicado del Seminario de Investigación en Juventud de la UNAM

 

A nuestros colegas

A la sociedad en general

Después de casi 18 años de trabajo continuo, sostenido y comprometido, les informamos que la Secretaría de Desarrollo Institucional (SDI) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), decidió dar por concluida la Coordinación del Seminario de Investigación en Juventud (SIJ) que hasta el 30 de diciembre vine desempeñando junto con todo el equipo que durante esos años me acompañó en esta trayectoria.

A lo largo de casi dos décadas, el SIJ se consolidó en dos vertientes que le dieron orientación y sentido a nuestro actuar: primero, contribuir a la consolidación del campo de investigación en juventud en nuestro país, como parte de un esfuerzo latinoamericano que construimos con múltiples colegas, amigos y amigas que compartían el mismo interés; segundo, hacerlo precisamente como una organización colaborativa, incluyente y abierta a diversas perspectivas, enfoques e instituciones que se integraron a un espacio académico y colectivo convencidos de que el estudio, la reflexión y el trabajo con las y los jóvenes son fundamentales para comprender la realidad social, política y cultural de nuestro país y continente. Desde esa convicción se impulsaron investigaciones, encuentros, proyectos formativos y redes de análisis y diálogo que hoy forman parte de una historia compartida con múltiples actores universitarios y sociales.

Como equipo de trabajo, ofrecemos una sentida disculpa a todas las personas, colectivos e instituciones con quienes tenemos proyectos pendientes. Queremos expresar con claridad que buscaremos, en la medida de nuestras posibilidades darles salida y seguimiento, honrando los compromisos asumidos y el trabajo construido en conjunto.

Consideramos que esta decisión resulta lamentable. No obstante, a partir de este momento, el equipo actual del SIJ se deslinda de manera expresa de cualquier uso futuro del nombre del Seminario, así como de sus logotipos, correos institucionales, páginas web y demás espacios oficiales asociados a la UNAM. 

Las redes sociales del SIJ permanecerán activas únicamente por un par de semanas más, con el fin de cerrar procesos de comunicación en curso. A partir de entonces, cualquier comunicación relacionada con el equipo de trabajo se realizará exclusivamente a través del correo electrónico seminjuv@gmail.com

Nos despedimos con profunda tristeza del SIJ, pero también con la certeza de que el compromiso con las juventudes no depende de una estructura académica-administrativa; por lo tanto, seguiremos en el campo desde otros lugares, volviéndonos a encontrar, porque el trabajo con las y los jóvenes es una tarea colectiva e irrenunciable.

Agradecemos profundamente a la comunidad universitaria y a la sociedad en general el acompañamiento, el diálogo y la confianza depositada a lo largo de este camino compartido. Y qué mejor que un hasta luego, con los versos de Joaquín Sabina:

Así que de momento, nada de adiós muchachos.

Me duermo en los entierros de mi generación. 

Cada noche me invento, todavía me emborracho.

Tan joven y tan viejo, like a Rolling Stone.

José Antonio Pérez Islas y equipo de trabajo del Seminario de Investigación en Juventud 2008–2025

Ciudad de México, 5 de enero de 2026.

Entre el diagnóstico y la responsabilidad compartida: un llamado a repensar la educación superior mexicana

El reciente texto de Imanol Ordorika, publicado el jueves 3 de diciembre de 2025 en el periódico La Jornada, ofrece un diagnóstico preciso, y necesario, del estado de la educación superior en México. Su fuerza radica no sólo en la enumeración de fallas de política pública, sino en su capacidad para situar el debate en un momento crucial: dos transiciones sexenales, grandes expectativas constitucionales y, sin embargo, una ausencia persistente de proyecto nacional. La educación superior, como advierte Ordorika, sigue atrapada entre la retórica del cambio y la realidad del estancamiento.

En mi opinión acierta al subrayar tres rasgos centrales del periodo reciente: la falta de un proyecto integral para el sistema, la insuficiencia y regresión del financiamiento, y la creciente distancia entre el Estado y las universidades públicas. El análisis está anclado en datos verificables -cobertura, presupuestos, costo por estudiante- y revela con claridad que, sin recursos y sin dirección estratégica, los avances legales en materia de gratuidad, obligatoriedad y autonomía quedan reducidos a aspiraciones formales.

Sin embargo, el texto del Dr. Ordorika también abre una oportunidad para ampliar la mirada hacia otras dimensiones que explican la crisis y que deben ser parte de cualquier agenda seria de transformación. La educación superior mexicana no sólo enfrenta problemas derivados del diseño federal o del presupuesto, sino también desafíos estructurales dentro de las propias instituciones, que rara vez ocupan el centro del debate público.

Una de esas dimensiones es la situación de los profesores de asignatura, quienes representan entre 60% y 70% de la docencia universitaria. Se trata de la columna vertebral invisible del sistema: docentes que sostienen la operación cotidiana de las universidades y que, sin embargo, suelen laborar en condiciones precarias, con bajos salarios, múltiples contratos temporales, cargas fragmentadas y escaso acceso a formación o estabilidad. Esta estructura de empleo académico no sólo profundiza desigualdades internas, sino que compromete de manera directa la calidad educativa, la continuidad curricular y la posibilidad de implementar innovaciones pedagógicas. Cualquier política pública orientada a la calidad o a la equidad en la educación superior simplemente fracasará si no se enfrenta la precarización docente de manera frontal.

Otra dimensión ineludible es la crisis de los sistemas de pensiones universitarias, un "volcán financiero"  cuya explosión ha sido diferida por años mediante transferencias extraordinarias y acuerdos parciales. Muchos regímenes de beneficio definido heredados de décadas pasadas son financieramente inviables; absorben recursos crecientes, limitan la planeación institucional y ponen en riesgo la sostenibilidad de la expansión educativa. Atender la viabilidad actuarial de estos sistemas ya no es una cuestión administrativa: es una condición de supervivencia para las universidades públicas.

A ello se suma el papel de los sindicatos universitarios, actores fundamentales en cualquier proceso de transformación. No es posible reformar pensiones, renegociar condiciones laborales o profesionalizar la planta académica sin su participación activa. Pero también es cierto que algunas prácticas sindicales -rigideces, opacidad, resistencia a evaluaciones, defensa de estructuras laborales que ya no corresponden a la misión académica- han dificultado la modernización institucional. Una política pública de educación superior que ignore a los sindicatos está condenada al fracaso; pero una que no dialogue sobre la necesidad de renovación sindical, transparencia y corresponsabilidad también lo está.

Incorporar estas dimensiones no debilita el argumento del Dr. Ordorika: lo fortalece. La crisis de la educación superior no es responsabilidad exclusiva del gobierno federal; tampoco es un problema que las universidades puedan resolver sin un marco nacional coherente. Es una responsabilidad compartida, y requiere un nuevo pacto entre Estado, instituciones, trabajadores académicos, sindicatos y sociedad.

Por ello, la columna de Ordorika debería funcionar no sólo como diagnóstico, sino como convocatoria. Un llamado urgente a que las y los estudiosos de la educación superior, especialistas en política pública, analistas institucionales, rectores, rectoras, legisladores, sindicatos y responsables de planeación educativa participen en un proceso de deliberación seria, plural y basada en evidencia, orientado a diseñar, entre otros aspectos:

·        principios para una política nacional de educación superior;
·     lineamientos para un programa de gobierno con horizonte de 10–15 años;
·        propuestas para la profesionalización del personal académico;
·        alternativas viables para la reforma de los sistemas de pensiones;
·        mecanismos de diálogo social y renovación sindical;
·        criterios para una expansión con calidad y equidad;
·        modelos de financiamiento multianual y sostenido.

El país necesita más que diagnósticos: necesita voluntad colectiva para transformar su sistema universitario. Sin un proyecto claro, sin responsabilidad compartida y sin reformas estructurales, la educación superior seguirá oscilando entre la austeridad, la improvisación y la confrontación política.

La ciudadanía ya manifestó su deseo de cambio.

La pregunta ahora es si el Estado, las universidades y los actores del sistema estarán a la altura del desafío.