El Presupuesto Participativo en la Ciudad
de México:
Orígenes, Demagogia y Contradicciones
Jorge Martínez Stack
El
Presupuesto Participativo (PP) en la Ciudad de México, implementado desde 2011,
se presenta como un mecanismo de democracia directa que permite a los
ciudadanos proponer y decidir sobre proyectos para mejorar sus colonias,
barrios y pueblos originarios, utilizando un porcentaje del presupuesto de las
alcaldías (actualmente el 4%). Si bien las autoridades lo promocionan como una
herramienta de empoderamiento ciudadano, su diseño, implementación y narrativa
oficial revelan un uso demagógico, limitaciones estructurales y contradicciones
que cuestionan su eficacia y autenticidad.
En este trabajo, se analizan sus orígenes, el manejo
político del programa, la suposición de que los ciudadanos siempre conocen
mejor sus necesidades, el problema de los montos homogéneos y la contradicción
con los Programas Operativos Anuales (POA) de las alcaldías.
Orígenes del Presupuesto Participativo: Una copia adaptada
El PP en la Ciudad de México no es una invención local, sino
una adaptación de experiencias internacionales, particularmente del modelo
pionero implementado en Porto Alegre, Brasil, en 1989. En Porto Alegre,
el Partido de los Trabajadores impulsó el PP como un mecanismo para
democratizar la asignación de recursos municipales, priorizando las necesidades
de comunidades marginadas mediante asambleas abiertas y deliberativas. Este
modelo se extendió por América Latina, inspirando programas en países como
Argentina, Chile, Perú y Uruguay. En México, las primeras experiencias se
registraron en municipios como Cuquío, Jalisco, y en delegaciones de la Ciudad
de México (Tlalpan, Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo) desde 2001, aunque sin un
diseño homogéneo ni continuidad.
La versión mexicana, regulada por la Ley de Participación
Ciudadana del Distrito Federal (2010) y posteriormente por la Ley de
Participación Ciudadana de la Ciudad de México (2019), adoptó elementos del
modelo brasileño, como la presentación de propuestas ciudadanas y la consulta
popular, pero con diferencias clave: en Porto Alegre, las decisiones eran más
vinculantes y las asambleas tenían un rol deliberativo central, mientras que en
la Ciudad de México, las alcaldías y el Instituto Electoral de la Ciudad de
México (IECM) mantienen un control significativo sobre la dictaminación,
ejecución y vigilancia de los proyectos, limitando el poder ciudadano.
Uso demagógico del programa
El PP se promociona con un discurso pomposo que exalta la
participación ciudadana como un pilar de la democracia local, con campañas como
“Enchula tu Colonia” que buscan proyectar una imagen de inclusión y
empoderamiento. Sin embargo, este discurso oculta un uso demagógico del
programa, caracterizado por:
- Baja
participación ciudadana: Entre 2011 y 2018, la afluencia a las
consultas del PP fue extremadamente baja, lo que refleja un diseño institucional
que no incentiva la participación masiva. Las facultades de las alcaldías
en la dictaminación y ejecución de proyectos desalientan a los ciudadanos,
quienes perciben que su voz tiene un impacto limitado.
- Manipulación
política: Las autoridades han utilizado el PP para legitimar sus
agendas, presentándolo como un logro democrático mientras mantienen el
control sobre los resultados. Según Goldfrank (2006) y Bastida (2011), los
presupuestos participativos son vulnerables a distorsiones políticas,
burocráticas y financieras, y en la Ciudad de México, las alcaldías pueden
rechazar proyectos ciudadanos bajo criterios técnicos o jurídicos poco
transparentes, lo que permite priorizar sus propios intereses.
- Falta
de seguimiento y rendición de cuentas: Aunque la Ley de 2019 introdujo
comités ciudadanos de vigilancia, la ejecución de los proyectos sigue
dependiendo de las alcaldías, y los ciudadanos tienen un rol secundario en
la fiscalización. Esto genera desconfianza y refuerza la percepción de que
el PP es más un ejercicio de imagen que una herramienta transformadora.
El discurso oficial exagera los beneficios del PP, ignorando
estas limitaciones y presentándolo como una solución universal para las
necesidades locales, lo que constituye una forma de demagogia que busca
capitalizar políticamente la participación ciudadana sin garantizar resultados
sustantivos.
La cuestionable suposición de que los ciudadanos conocen mejor
sus necesidades
El PP parte de la premisa de que los ciudadanos, por vivir
en sus comunidades, tienen un conocimiento privilegiado de las necesidades
urgentes de su entorno. Si bien esta idea es atractiva, es cuestionable por
varias razones:
- Falta
de información técnica: Los ciudadanos no siempre cuentan con los
conocimientos técnicos, financieros o normativos necesarios para proponer
proyectos viables. Por ejemplo, un proyecto de infraestructura puede
parecer prioritario, pero ignorar restricciones legales o ambientales, lo
que lleva a su rechazo por los órganos dictaminadores. El IECM ofrece
asesoría, pero esta es insuficiente para cerrar la brecha de conocimiento.
- Sesgos
comunitarios: Las propuestas ciudadanas pueden reflejar intereses de
grupos específicos (como líderes vecinales o sectores vocales) en lugar de
necesidades colectivas. Esto puede marginar a comunidades menos
organizadas o con menor acceso a las asambleas.
- Limitada
deliberación: A diferencia de Porto Alegre, donde las asambleas
fomentaban un debate profundo, en la Ciudad de México las Asambleas de
Diagnóstico y Deliberación (ADyD) son más informativas que deliberativas,
lo que reduce la capacidad de los ciudadanos para priorizar necesidades de
manera informada y consensuada.
Esta suposición idealiza la capacidad de los ciudadanos para
identificar y articular soluciones, ignorando las barreras estructurales y la
necesidad de un acompañamiento técnico robusto.
Montos homogéneos: Una forma de demagogia
El PP asigna el 4% del presupuesto anual de cada alcaldía,
dividido de manera igualitaria entre todas las colonias, pueblos y barrios
originarios de la demarcación. Esta distribución homogénea es problemática y
refuerza el carácter demagógico del programa:
- Ignora
la diversidad socioeconómica: Las colonias de la Ciudad de México
tienen necesidades y contextos muy distintos. Por ejemplo, una colonia
marginada como Minas Polvorilla (Iztapalapa) requiere intervenciones más
costosas (como drenaje o pavimentación) que una colonia de clase media
como Polanco (Miguel Hidalgo), donde las prioridades pueden ser estéticas
o recreativas. Los montos homogéneos no reflejan estas disparidades,
limitando el impacto en comunidades con mayores carencias.
- Fomenta
proyectos pequeños y fragmentados: Los montos asignados (por ejemplo,
entre 200,000 y 500,000 pesos por unidad territorial, según el tamaño y
las condiciones de la colonia) son insuficientes para proyectos
estructurales. Esto lleva a propuestas de bajo impacto, como pintura de
fachadas o colocación de luminarias, que las autoridades pueden exhibir
como “éxitos” sin abordar problemas de fondo.
- Percepción
de igualdad engañosa: La distribución igualitaria se presenta como una
medida de justicia, pero en realidad perpetúa inequidades al no considerar
factores como la población, la pobreza multidimensional o la incidencia
delictiva. Desde 2022, el 50% del presupuesto se reparte proporcionalmente
según estos criterios, pero el otro 50% sigue siendo homogéneo, lo que
diluye el potencial transformador del programa.
Esta política de montos homogéneos es demagógica porque
proyecta una falsa equidad, mientras que en la práctica restringe la capacidad
de las comunidades más necesitadas para financiar proyectos significativos.
Contradicción entre el POA y las propuestas ciudadanas
Una de las contradicciones más evidentes del PP es su
relación con el Programa Operativo Anual (POA) de las alcaldías, que
establece las prioridades presupuestales de cada demarcación. El POA, diseñado
por las autoridades con base en diagnósticos técnicos y políticos, a menudo
entra en conflicto con las propuestas ciudadanas del PP:
- Prioridades
divergentes: Los proyectos del PP, al ser definidos por los
ciudadanos, pueden no alinearse con las metas del POA, que responde a una
visión administrativa más amplia. Por ejemplo, una colonia puede proponer
un parque recreativo, pero el POA podría priorizar infraestructura
hidráulica. Las alcaldías, al dictaminar la viabilidad de los proyectos,
suelen rechazar aquellos que no encajan con el POA, lo que limita la
autonomía ciudadana.
- Duplicidad
o redundancia: Algunos proyectos del PP coinciden con obras ya
previstas en el POA (como reparación de banquetas o alumbrado), lo que
genera una percepción de ineficiencia o manipulación, ya que las
autoridades pueden atribuirse el crédito por iniciativas ciudadanas.
- Falta
de integración: No existe un mecanismo formal para integrar las
propuestas del PP en la planeación del POA, lo que refuerza la desconexión
entre los ejercicios participativos y las políticas públicas de las
alcaldías. Esto contradice el espíritu del PP, que busca que las
decisiones ciudadanas tengan un impacto real en la gestión municipal.
Esta contradicción evidencia que el PP opera como un ejercicio
paralelo, con un impacto limitado en la planeación estratégica de las
alcaldías, lo que refuerza su carácter simbólico más que transformador.
Otros problemas estructurales o de diseño
Además de los puntos anteriores, el PP enfrenta otras
limitaciones que alimentan su carácter demagógico:
- Burocratización:
El proceso de registro, dictaminación y ejecución de proyectos es complejo
y depende de órganos técnico-administrativos (como los Órganos
Dictaminadores de las alcaldías), lo que desalienta la participación de ciudadanos
sin experiencia en trámites gubernamentales.
- Falta
de continuidad: Muchos proyectos ganadores no se ejecutan en el tiempo
establecido o quedan inconclusos debido a problemas presupuestales o
administrativos, lo que frustra a las comunidades y reduce la confianza en
el programa.
- Desigualdad
en la participación: Las colonias con mayor organización social o
acceso a recursos (como asesoría técnica) tienden a presentar mejores
proyectos, mientras que las comunidades marginadas enfrentan barreras para
participar efectivamente, perpetuando desigualdades.
Colofón
El Presupuesto Participativo en la Ciudad de México,
inspirado en el modelo de Porto Alegre, se ha convertido en un instrumento más
simbólico que transformador. Su promoción como una herramienta de
empoderamiento ciudadano encubre un uso demagógico, donde las autoridades
capitalizan la narrativa de la participación sin garantizar un impacto
sustantivo. La suposición de que los ciudadanos siempre conocen mejor sus
necesidades ignora las barreras técnicas y sociales que limitan su
participación. La asignación de montos homogéneos perpetúa inequidades al no
considerar las disparidades entre colonias, mientras que la contradicción con
el POA evidencia la desconexión entre las propuestas ciudadanas y la planeación
oficial. Para que el PP cumpla su promesa democrática, sería necesario reformar
su diseño institucional, fortalecer la capacitación ciudadana, garantizar una
distribución equitativa de recursos y alinear las propuestas con los planes
estratégicos de las alcaldías, evitando que siga siendo un ejercicio demagógica
y superficial solo para el manejo de la imagen política de autoridades y
burócratas.
