¡Alto a la impunidad!

Con más de dos años de lucha legítima, los ciudadanos del Barrio de la Conchita, en la delegación Coyoacán, insistimos en nuestra inconformidad por la ilegal construcción de una supuesta librería de barrio que, en realidad, es la fachada cultural de un negocio de restaurante y bar, apoyado en su inversión con fondos públicos otorgados por la Cámara de Diputados.

Rechazamos la continuidad y la futura operación del negocio de EDUCAL S.A. de C.V. en Fernández Leal 43 toda vez que esta es una zona habitacional, protegida por diversas leyes, violadas por autoridades locales y federales en un preocupante contubernio que pone en riesgo el Estado de Derecho.

Los habitantes de La Conchita, exigimos:

·  La suspensión inmediata de las costosísimas obras que realiza CONACULTA en la calle Fernández Leal número 43.

·   La realización del procedimiento de lesividad por parte de las autoridades correspondientes en el gobierno de la ciudad.

·    El rescate de lo que era una casa catalogada, así como de la Iglesia de la Conchita afectada por las excavaciones, extracción de agua y movimientos de terreno realizados por EDUCAL S.A. de C.V. en lo que ahora es su propiedad.

·  La indemnización a los vecinos afectados –con hundimientos, fracturas en sus paredes etcétera- por el criminal desperdicio de millones de litros de agua, sacados del subsuelo y tirados al caño; con el pago de daños y perjuicios a quienes habitan en las calles de Fernández Leal y de Vallarta, así como los gastos y costas de los diversos juicios que se han interpuesto

·       La aplicación de sanciones por haber contaminado el ambiente con diesel y materiales que afectaron la salud de las más de cien familias que aquí habitamos, amén de los daños por ruido de maquinaria pesada durante 24 horas las últimas 8 semanas y la muerte de 4 árboles centenarios en la propiedad.

·  La destitución e inhabilitación de autoridades en: SEDUVI, Delegación Coyoacán, SETRAVI, Tribunal Contencioso Administrativo y Secretaria de la Función Pública, que de manera impune, han violado diversas normas establecidas.

·    La consignación penal de quienes han persistido en actos ilícitos, a partir del uso de un documento apócrifo en el cual se han basado todos los implicados para pretender legitimidad la construcción de dicha obra cuyo costo, además, es tan escandaloso como muchos otros que han sido ya motivo de averiguación por diversas instancias del poder legislativo.