La muerte del Estado de Derecho en La Conchita, Coyoacán

 
C. Presidente de la República.
C. Secretario de Educación Pública.
C. Jefe de Gobierno de la Ciudad de México.
A la Opinión Pública.

Los ciudadanos del Barrio de la Conchita, y adherentes de toda la ciudad que se han sumado al esfuerzo por mantener con vida el Estado de Derecho en el D.F., hacemos del conocimiento público que finalmente éste ha fallecido.

Con más de dos años de esfuerzos por evitar que virus malignos del tipo “modificaciones inconstitucionales a leyes como la de desarrollo urbano”, “utilización de documentos falsos”, “corrupción de magistrados del Contencioso Administrativo”, “indiferencia de organismos de atención a víctimas” que, entre otros muchos, han propiciado la muerte del Estado de Derecho, y el consiguiente germen que genera violencia social y otros efectos patológicos; hemos decidido dejar de luchar, desconectando al paciente a fin de evitarle la continuidad de su sufrimiento. 

Con la misma agresividad de un cáncer, las células malignas denominadas EDUCAL S.A. de C.V., CONACULTA, SEDUVI, SETRAVI, a pesar de que los ciudadanos los detectamos y diagnosticamos a tiempo, finalmente han ganado la batalla y están en fase de total destrucción de un barrio centenario como lo es el de La Concepción (Conchita) en Coyoacán.

Para evitarlo, por más de dos años utilizamos medicinas del tipo: escritos y denuncias ante diversas autoridades federales y locales, presencia en medios para mantener a salvo el derecho ciudadano a la información, impresión de volantes explicativos, dos veces cierre de la calle Fernández Leal, una manifestación frente a CONACULTA y otra frente a las oficinas alternas del Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda (irónicamente denominadas “administración del espacio público”), inicio de litigios ante el Poder Judicial Federal, el Contencioso Administrativo y la Procuraduría del DF, entre otras.

Estos remedios los adquirimos en farmacias especializadas como lo son: La Jefatura de Gobierno, la Delegación de Coyoacán, la PAOT, la Contraloría de la Ciudad, la Presidencia de la República, la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de la Función Pública, la Comisión de Derecho Humanos del DF, el Senado, la Cámara de Diputados, la Auditoria Fiscal de la Federación y la Asamblea Legislativa de la Ciudad.

Los altísimos costos de estos medicamentos fueron sufragados en su totalidad por más de 100 ciudadanos habitantes del Barrio de la Conchita, que con pesar hemos visto su inocuidad e ineficacia y finalmente la muerte lenta del Estado de Derecho. Desafortunadamente los virus de corrupción, ineficacia e impunidad que envuelven a todos los mencionados anteriormente, han mutado hasta alcanzar un grado letal que impide su extinción.

Por todo ello, y a fin de que la ciudadanía de otros barrios y colonias tome las medidas necesarias para evitar, hasta donde les sea posible, la contaminación de esta insalubre y mortal enfermedad, hacemos de su conocimiento, que el próximo jueves 9 de febrero, velaremos al Estado de Derecho a partir de las 7 de la mañana. La cita es en las afueras de la iglesia de la Conchita, totalmente afectada por la indiferencia irresponsable de los caciques culturales incrustados en CONACULTA y las obras realizadas por ese negocio particular conocido como EDUCAL S.A. de C.V.
Te invitamos a asistir vestido de luto, o cuando menos con un moño negro en tu brazo y reproducir esta esquela y colocarla en lugares públicos (escuelas, parques, plazas, mercados) y en las puertas y ventanas de tus vecinos.
Así mismo, como medida emergente para evitar en lo posible la proliferación de la enfermedad que han propiciado estos agentes patógenos, te invitamos a sumarte al boicot, en contra de las tiendas EDUCAL S.A. de C.V., empresa mercantil que presume de tener una situación financiera boyante, pero que en realidad vive de los impuestos que pagamos.

De igual forma, y también como una medida paliativa, invitamos a autoridades, ciudadanos en general, medios informativos, intelectuales, artistas y analistas políticos y culturales a seguir recabando evidencia e información que permita documentar y dejar constancia de la anómala actuación de la titular de CONACULTA quien, con enorme discrecionalidad e impunidad, continúa despilfarrando recursos públicos con sus ocurrencias disfrazadas de una supuesta “política cultural del siglo XXI”, que en el caso de La Conchita han contado con la complicidad de la SEDUVI.

Parte del expediente clínico que describe la muerte del Estado de Derecho en La Conchita, Coyoacán puede consultarse en CONACULTA y SEDUVI: La ilegalidad autoritaria. http://imoeeorienta.blogspot.com

Atentamente

México, D.F. 8 de febrero de 2012

Los vecinos de La Conchita, Coyoacán.

Carta Abierta

¡Alto al atropello que las autoridades federales y de la ciudad de México cometen en contra de los vecinos de La Conchita!

C. Presidente de la República

C. Jefe de Gobierno de la Ciudad de México

Los vecinos del Barrio de La Conchita de la Delegación Coyoacán, nos permitimos exponer ante ustedes lo siguiente:

·       Llevamos más de dos años denunciando por diversos medios la ilegal construcción que Conaculta realiza de una librería Educal y un supuesto Centro Cultural en la calle de Fernández Leal no. 43, sin que a la fecha autoridad alguna haya hecho cumplir la ley. 

·       Desde hace más de dos años les hemos hecho llegar sistemáticamente, tanto a ustedes como a una gran cantidad de sus subordinados, diversos documentos en donde hemos mostrado nuestra inconformidad e indignación por la “ocurrencia” de Conaculta de erigir un supuesto centro cultural y una nueva librería (a trescientos metros de una librería Educal ya establecida) en una calle ya de por sí congestionada y con severos problemas de tránsito vehicular.

·       De igual forma, en dicha documentación hemos descrito la autoritaria e ilegal forma en la que han actuado en este proyecto: Conaculta, el Instituto Nacional de Bellas Artes, el Instituto de Antropología e Historia, las autoridades delegacionales de Coyoacán, la Secretaría de Transporte y Vialidad (Setravi) y, especialmente, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) quienes, al margen de la ley y en una alianza vergonzante y con una actuación contraria a sus propios ordenamientos y reglamentos, violan flagrantemente el uso de suelo establecido para nuestra colonia en el Plan Parcial de Desarrollo vigente hoy en día para el centro histórico de la delegación de Coyoacán, atentando contra la seguridad jurídica, patrimonio y calidad de vida de sus habitantes.

·       No obstante, a la fecha, la titular de Conaculta no se ha dignado contestar nuestras demandas a pesar de las instrucciones del señor presidente; y del gobierno de la Ciudad seguimos esperando, desde el 10 de febrero de 2011, que el arquitecto Felipe Leal tenga a bien cumplir su promesa de intervenir para resolver las anomalías cometidas por la Secretaría a su cargo en la expedición de un certificado de uso de suelo a todas luces irregular. 

Ante esta situación nos seguimos preguntando:

·       ¿Cómo es posible que a los habitantes de nuestra colonia quienes han querido hacer modificaciones a su vivienda se les impongan trámites cuya realización en ocasiones han llevado más dos años, además de que se les exige respetar hasta lo absurdo el estilo arquitectónico de la zona y, en cambio, a Educal S.A. de C.V. se le ha concedido, en sólo 4 semanas, un documento viciado de origen y no se le ha impuesto limitación constructiva alguna, autorizándole a destruir la casa catalogada, adquirida en medio de diversas irregularidades, y cambiar el estilo arquitectónico de la zona con base en un proyecto que, con un costo superior al millón y medio de pesos, fue adjudicado de manera directa a la arquitecta Fernanda Canales por la titular de Conaculta, violando la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, que regula la licitación de los servicios adquiridos por el Estado mexicano?

·       ¿Por qué Seduvi, en contra de sus propios ordenamientos, ha autorizado a sus actuales dueños, saturar un terreno que originalmente tenía 700 metros de construcción con una edificación de 1,400 metros cuadrados?

·       ¿De qué privilegios goza Educal S.A. de C.V., no sólo para violar el uso de suelo y el plan parcial de desarrollo, sino, además, de contar para su obra ilegal de un dictamen supuestamente técnico emitido por Setravi que le exenta de tener más de 100 cajones de estacionamiento, tal y como lo marca la ley actual?

·       ¿Por qué ninguna autoridad ha intervenido, no obstante nuestras denuncias, para investigar y, en su caso, sancionar el desperdicio de los miles de litros de agua que diariamente se tiran a las coladeras en la obra de Educal S.A. de C.V.

·       ¿Qué compromisos mantienen las autoridades locales del DF con las federales, para incumplir sus responsabilidades y negarse, con argumentos contrarios a la ley que dicen servir, a hacer público el oficio DGAJ/03214/2011 que la Dirección General de Asuntos Jurídicos de Seduvi redactó y leyó en el mes de febrero del 2011, en el que describe con lujo de detalles su mala actuación al haberle autorizado a la filial mercantil de Conaculta un irregular uso de suelo?

·       ¿En dónde está la verdadera justificación de un negocio que contará con una construcción faraónica que, pagada con nuestros impuestos, implica un gasto de más de ciento treinta millones de pesos, dizque para actividades culturales en una zona ya de por sí privilegiada; especialmente cuando las mismas opciones culturales les son negadas a quienes las solicitan en colonias en donde la violencia y la criminalidad juvenil son resultado, entre otras cuestiones, precisamente por la falta de programas culturales?

·       ¿Cuál es la fundamentación o sustento de una política cultural de un gobierno que permite un gasto suntuario de más de 130 millones de pesos asignados de una manera tan absurdamente discrecional y, en cambio, omite por completo asignar recursos al rescate de uno de los monumentos históricos más emblemáticos de nuestra ciudad que es la capilla de La Conchita, a punto de derrumbarse? 

·       ¿Cuáles son los criterios políticos con los que en este caso actúan autoridades, entre otras la del anterior titular del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, de Seduvi, de la Consejería Jurídica del DF, quienes, por ejemplo, con su tortuguismo para dar respuesta a instancias creadas para proteger los derechos de los ciudadanos, o tomándose más de 14 meses para dictar un acuerdo dilatorio con relación a las demandas interpuestas por los vecinos, o al conceder por vía expedita suspensión de actos en contra de autoridades diversas, han propiciado la continuidad de las ilegales obras, en las cuales, incluso, ha habido un homicidio?

·       ¿Cómo es posible que las autoridades delegacionales y, en particular, las autoridades de seguridad pública, no cuenten con instrumentos legales o administrativos eficaces y expeditos para intervenir en una construcción que a lo largo de las 24 horas de los dos últimos meses de manera impune han generado tantos problemas de vialidad, contaminación ambiental y a la vida de los vecinos?

Señor presidente de la República; señor Jefe de Gobierno de la Ciudad de México: Por enésima ocasión, una vez más solicitamos su intervención para que en nuestra colonia prevalezca el estado de derecho, quebrantado por autoridades que ustedes presiden, e insistimos en nuestras demandas:  

·                Suspensión inmediata de las obras que realiza Conaculta en la calle Fernández Leal Número 43.

·        Realización de un juicio de lesividad por parte de las autoridades correspondientes del gobierno de la ciudad.

·              Sanción por parte de la Secretaria de la Función Pública en el ámbito de la federación y por la Contraloría General en el del Gobierno de la Ciudad a las autoridades que han violado derechos de ciudadanos del DF.

·               Restauración inmediata y urgente de la capilla de la Conchita.

·       Pago de daños y perjuicios a los vecinos de las calles de Fernández Leal y de Vallarta por los daños propiciados en sus casas por la mencionada obra ilegal y la extracción de agua y el hundimiento del suelo como resultado de esto, así como los gastos y costas de los diversos juicios que se han interpuesto.

En espera de su atención quedamos de ustedes

Vecinos del Barrio de La Conchita

Coyoacán, Ciudad de México, 1º de febrero de 2012

Por la restitución del estado de derecho en

La Conchita, Coyoacán

¡Alto a la impunidad!

Con más de dos años de lucha legítima, los ciudadanos del Barrio de la Conchita, en la delegación Coyoacán, insistimos en nuestra inconformidad por la ilegal construcción de una supuesta librería de barrio que, en realidad, es la fachada cultural de un negocio de restaurante y bar, apoyado en su inversión con fondos públicos otorgados por la Cámara de Diputados.

Rechazamos la continuidad y la futura operación del negocio de EDUCAL S.A. de C.V. en Fernández Leal 43 toda vez que esta es una zona habitacional, protegida por diversas leyes, violadas por autoridades locales y federales en un preocupante contubernio que pone en riesgo el Estado de Derecho.

Los habitantes de La Conchita, exigimos:

·  La suspensión inmediata de las costosísimas obras que realiza CONACULTA en la calle Fernández Leal número 43.

·   La realización del procedimiento de lesividad por parte de las autoridades correspondientes en el gobierno de la ciudad.

·    El rescate de lo que era una casa catalogada, así como de la Iglesia de la Conchita afectada por las excavaciones, extracción de agua y movimientos de terreno realizados por EDUCAL S.A. de C.V. en lo que ahora es su propiedad.

·  La indemnización a los vecinos afectados –con hundimientos, fracturas en sus paredes etcétera- por el criminal desperdicio de millones de litros de agua, sacados del subsuelo y tirados al caño; con el pago de daños y perjuicios a quienes habitan en las calles de Fernández Leal y de Vallarta, así como los gastos y costas de los diversos juicios que se han interpuesto

·       La aplicación de sanciones por haber contaminado el ambiente con diesel y materiales que afectaron la salud de las más de cien familias que aquí habitamos, amén de los daños por ruido de maquinaria pesada durante 24 horas las últimas 8 semanas y la muerte de 4 árboles centenarios en la propiedad.

·  La destitución e inhabilitación de autoridades en: SEDUVI, Delegación Coyoacán, SETRAVI, Tribunal Contencioso Administrativo y Secretaria de la Función Pública, que de manera impune, han violado diversas normas establecidas.

·    La consignación penal de quienes han persistido en actos ilícitos, a partir del uso de un documento apócrifo en el cual se han basado todos los implicados para pretender legitimidad la construcción de dicha obra cuyo costo, además, es tan escandaloso como muchos otros que han sido ya motivo de averiguación por diversas instancias del poder legislativo.

¡Alto a las ilegalidades de SEDUVI y CONACULTA!

Desde el mes de diciembre de 2009 y mediante información publicada en la prensa -sin tener ningún conocimiento de consulta vecinal previa- los habitantes de la calle de Fernández Leal, en el Barrio La Concepción perteneciente a la delegación Coyoacán, nos enteramos, y por diversos medios nos pronunciamos en contra, de la intención de CONACULTA de instalar su Centro Cultural Elena Garro (CCEG), operado por EDUCAL, en el predio número 43 de nuestra calle.

La calle Fernández Leal está incluida en el Programa Parcial del Centro Histórico de esta Delegación que NO permite los usos mixtos, sino exclusivamente el de habitacional unifamiliar.

Conforme a la normatividad vigente en aquél entonces, para cambiar el uso de suelo era necesaria la intervención de la Asamblea de Representantes del DF; sin embargo, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (SEDUVI) del gobierno del Distrito Federal, mediante su dictamen del 11 de Mayo 2010, autorizó el cambio de uso de suelo violando así el Programa Parcial, y otorgando de manera ilegal la zonificación ES al predio número 43 de la calle Fernández Leal, atendiendo así a la improcedente solicitud de CONACULTA (EDUCAL).

Conforme a esta “autorización” se establece la posibilidad de instalar en el predio referido equipamiento de servicios, educación y salud, museos, casa de cultura e instalaciones religiosas. Adicionalmente, conforme a la tabla de usos complementarios y compatibilidad de usos, los detentores del predio podrán optar por instalar: Librería (con usos complementarios de librería e internet), galerías de arte, museos, centros de exposición temporal y al aire libre (con los usos compatible de centros de exposiciones de pintura y arte en general; con usos complementarios de cafetería, restaurante, bar, internet y salas para presentación de eventos culturales), salas de exposiciones y conferencias, aulas de capacitación y talleres. Este uso de suelo exenta a EDUCAL de la obligación de proporcionar servicio de estacionamiento a sus usuarios.

El proyecto presentado a los medios tiene considerados 20 lugares para estacionamiento, y prevé auxiliarse con el uso de un sistema de “Valet Parking”.

SEDUVI ha pretendido justificar su “autorización” convalidando y ampliando derechos adquiridos con base en una solicitud de uso de suelo del 4 de Abril de 1991, dando como válida esa simple solicitud, que EDUCAL presenta como si fuera una constancia de Zonificación de Uso del Suelo, siendo que de manera explícita el entonces jefe del Registro del Plan Director para El Desarrollo Urbano del D.F. manifestó al solicitante que estaba prohibido el uso diferente  al  H1 (habitacional).

Adicionalmente al otorgamiento ilegal de un nuevo uso de suelo, no se ha considerado el grave impacto ambiental que el proyecto ocasionará.

El estudio técnico del proyecto de CONACULTA estima que el CCEG será visitado diariamente por más de 700 personas nacionales o extranjeras. Esta previsión, que se argumenta como una de las bondades del programa, no toma en cuenta que la calle de Fernández Leal presenta ya severos problemas de saturación vial, y que en días y horas pico la calle se convierte en enorme estacionamiento, con los problemas de ruido y contaminación ambiental concomitantes. 

Sin duda, la violación a la norma vigente de uso habitacional ha convertido a nuestra calle en una vialidad con un altísimo aforo vehicular y un enorme cuello de botella, por lo que cualquier proyecto de nuevas instalaciones comerciales, tramitado siguiendo las normas aplicables y sin contubernios con las autoridades, no aprobaría un estudio de impacto vial que se realizara correctamente.

Por la restitución del estado de derecho en La Conchita Coyoacán

Desde noviembre del 2009, los vecinos del barrio de la Conchita en Coyoacán hemos venido librando una batalla titánica en contra de la arbitraria decisión de funcionarios del ámbito federal y del GDF, de construir un centro de eventos en la calle Fernández Leal no. 43.

El predio adquirido por EDUCAL S.A. de C.V., brazo mercantil de CONACULTA, mediante dos escrituras (una con fecha de abril del 2009 y la segunda de agosto de ese mismo año con un diferencial de casi seis millones de pesos entre ambas), nunca ha tenido, jurídicamente hablado, un uso de suelo diverso al habitacional. En 1991 los propietarios originales intentaron contar con una autorización de uso mixto, solicitud que les fue negada por las autoridades delegacionales de aquél entonces. A los vecinos les consta que durante varios años en ese inmueble jamás operó ni una escuela ni ninguna productora de cine. Se cuenta con pruebas documentales de que CONABIO tuvo ahí por más de cinco años sus oficinas. En este sentido es ilegal el proceder de SEDUVI al otorgarle al predio la autorización de Equipamiento y Servicios, lo que posibilita que, incluso, pueda establecerse hasta un restaurante y un bar.

La calle de Fernández Leal es el hábitat de poco más de 100 familias que sufren ya las consecuencias negativas de las componendas de las diversas autoridades que a lo largo de las últimas décadas han permitido, en violación al uso de suelo habitacional legalmente establecido, varios negocios como es el caso de un restaurante, una clínica oftalmológica, dos grandes escuelas y hasta una clínica del ISSSTE. El reiterado intento de dar a esta calle un uso de suelo distinto en perjuicio de los intereses de estas familias, llega al colmo con este proyecto de CONACULTA lleno de violaciones y arbitrariedades. 

En un recuento suscinto de eventos tenemos:

   

1.- SEDUVI (origen de todo este problema social y jurídico) es quien otorga en mayo del 2010 una constancia de viabilidad del proyecto, aduciendo derechos adquiridos y solicitando firmas de ciudadanos, muy respetables pero que no son habitantes de la zona. La demostración de la ilegalidad de su actuar se ha visto manifiesta desde el hecho mismo que ha cambiado ese certificado hasta en tres ocasiones (en un intento por demás desaseado de subsanar sus errores y procurando adecuar su actuar a la nueva Ley de Desarrollo Urbano, que ha sido rechazada por prácticamente todas las delegaciones del DF).

La presión vecinal (cierre de calles, denuncias ante el propio Jefe de Gobierno, la Función Pública federal, la comisión del Senado de la República que se ocupa de la ciudad, el propio Secretario de Educación en el ámbito federal -quien es parte de las asamblea de socios de EDUCAL S.A. de C.V.- la Procuraduría General de Justicia del DF, la Comisión de Derachos Humanos del DF) llevó a que el titular de SEDUVI accediera a tener varias reuniones (les llama mesa de diálogo y son instancias de engaño y burla a la ciudadanía). En una de ellas, la realizada el 17 de febrero de 2011, su propia Dirección Jurídica públicamente reconoció las irregularidades del procedimiento seguido por los funcionarios de SEDUVI e, incluso, señaló que por esa causa un funcionario había sido removido de su cargo.

2. LA DELEGACIÓN Coyoacán se ha lavado las manos aduciendo que no tiene facultades para actuar en favor de la ciudadanía que representa y sirve, llegando a sugerirles a los vecinos que se opongan a las acciones de SEDUVI y de CONACULTA y manifiesten públicamente sus protestas. Como respuesta a una carta pública, el mismo delegado tuvo que reconocer que está actuando conforme las directrices del gobierno central.

3. CONACULTA-EDUCAL se han distinguido por su actuar autoritario, caprichoso, improvisado y minimizando las opiniones ciudadanas (“son un pequeño grupo de señoras viejas e incultas”), por la falta de claridad y racionalidad en sus políticas públicas, por el uso de manera discrecional y erl despilfarro de recursos (a trescientos metros de Fernández Leal existe ya una librería EDUCAL) y por su actuar de manera falaz y pretendiendo engañar a la opinión pública (primero se dijo que el proyecto era una librería, luego resultó que se trataba de un centro de estudio de la mujer denominado Elena Garro, y un centro librero o la librería ancla de EDUCAL, después se llegó a afirmar que no se pretendía pasar sobre la voluntad vecinal y que el proyecto podría irse a otro lado, todo como una forma de ganar tiempo), aunque por encima de todo su proyecto de Fernández Leal se percibe como una ocurrencia o capricho autoritario, probablemente ocultando otras motivaciones políticas o económicas.

4. Múltiples han sido las INSTANCIAS JURISDICCIONALES ante las que se han interpuesto, entre otras, amparos, solicitud de un proceso de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del DF, denuncias ante PAOT y la PGJDF y gestiones ante Setravi. Dado los resultados hasta ahora obtenidos, la actuación de los órganos a los que hemos recurrido resulta cuando menos sospechosa. La dilación en la toma de acuerdos de todas estas autoridades pareciera responder más a una intención de hacer que los vecinos desistan de sus protestas y denuncias, por el camino del cansancio; que la de hacer justicia de manera eficaz.

5. En un auténtico ejercicio de su derechos LOS VECINOS hemos invertido tiempo, dinero en abogados, copias, producción de mantas, volantes, informes a los medios, conferencias de prensa. Existe entre nosotros el convencimiento generalizado de que lo menos que les importa a los gobiernos local y federal, es el interés de la ciudadanía. 

En este contexto, nos preocupa de especial sobremanera que en el ambiente electoral tan complejo en el que vivimos se pierda o lesione el derecho legitimo de los vecinos que se oponen a la corrupción.

CONACULTA es una institución que enfrenta muchos problemas con el ejercicio de éste y otros presupuestos y, no obstante las innumerables observaciones, cuestionamientos y críticas que ha suscitado su actuación, goza de gran impunidad (por ejemplo, en este caso se ha destruido una casa catalogada, con la complicidad del INBA y del INAH, ambas sectorizadas con CONACULTA y al parecer nadie va a ser sancionado por ello).

De igual forma, los servidores públicos o funcionarios de CONACULTA han incumplido, en complicidad con muchas otras autoridades, las responsabilidades primarias y jurídicas de:

• Cumplir con la máxima diligencia el servicio que les ha sido encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión;
• Observar buena conducta en su empleo, cargo o comisión, tratando con respeto, diligencia, imparcialidad y rectitud a las personas con las que tenga relación con motivo de éste.
• Proporcionar en forma oportuna y veraz, toda la información y datos solicitados por la institución a la que legalmente le competa la vigilancia y defensa de los derechos humanos, a efecto de que aquélla pueda cumplir con las facultades y atribuciones que le correspondan. (Así ha sido con las denuncias que se presentaron ante la función pública).

 Con el levantamiento de los sellos de clausura (lograda gracias a la presión vecinal), y lo obvio de la intención de todos los involucrados en este asunto de imponer y acelerar una obra (en la que se trabaja noche y día sin que autoridad alguna le importen las enormes molestias que producen en el vecindario) de manera a todas luces violatoria de los más elementales derechos de ciudadanos, lo único que han logrado es ahondar la percepción de desconfianza que abruma a una buena parte de los mexicanos, y que, sin una protección real de tantas instancias que le cuestan al erario y que no resuelven nada, no le dejan más salida que buscar opciones fuera de nuestras fronteras, o llegar a manifestaciones, incluso de violencia como las que se están dando en diversas delegaciones, y que no abonan ni a la seguridad de las personas ni a la certeza jurídica que debería existir en caso de ser México una nación con un autentico estado de derecho.

CONACULTA y Educal violan la ley y destruyen el patrimonio histórico de Coyoacán

Mostrando un olímpico desprecio por la opinión y puntos de vista de los vecinos, CONACULTA y su filial EDUCAL siguen construyendo a toda velocidad (trabajando día y noche) su faraónica y costosísima obra (más de 130 millones de pesos) del Centro Cultural Elena Garro (CCEG) en la calle de Fernández Leal número 43, en el histórico barrio de La Conchita de la delegación Coyoacán.

SEDUVI, con base en un expediente lleno de irregularidades y violando la normatividad aplicable del caso, ha convalidado de manera amañada un supuesto certificado de derechos adquiridos y autorizado, a todas luces de manera ilegal, el cambio de uso de suelo de un predio ubicado en la zona del Programa Parcial del Centro Histórico de la Delegación Coyoacán que no permite los usos mixtos, sino exclusivamente el de habitacional unifamiliar.

Con base en esta “autorización” han permitido instalar en el predio referido equipamiento de servicios, educación y salud, museos, casa de cultura e instalaciones religiosas. Adicionalmente, conforme a la tabla de usos complementarios y compatibilidad de usos, los detentores del predio podrán optar por instalar: Librería (con usos complementarios de librería e internet), galerías de arte, museos, centros de exposición temporal y al aire libre (con los usos compatible de centros de exposiciones de pintura y arte en general; con usos complementarios de cafetería, restaurante, bar, internet y salas para presentación de eventos culturales), salas de exposiciones y conferencias, aulas de capacitación y talleres. Además SETRAVI ($$) ha exentado a EDUCAL de la obligación de proporcionar servicio de estacionamiento a sus usuarios. El proyecto presentado a los medio tiene considerados 20 lugares para estacionamiento, y prevé auxiliarse con el uso de un sistema de “Valet Parking” (¿?).

Adicionalmente al otorgamiento ilegal de un nuevo uso de suelo, no se ha considerado el grave impacto ambiental que el proyecto ocasionará (que de hecho la obra ya está ocasionando).

El estudio técnico del proyecto de CONACULTA estima que el CCEG será visitado diariamente por más de 700 personas nacionales o extranjeras. Esta previsión que se argumenta como una de las bondades del programa no toma en cuenta que la calle de Fernández Leal presenta ya severos problemas de saturación vial, y que en días y horas pico la calle se convierte en enorme estacionamiento, con los problemas de ruido y contaminación ambiental concomitantes. 

Además del intenso tráfico que tienen ya todas las calles que rodean a la de Fernández Leal, ésta muestra aún más severos problemas de saturación debido, por una parte, a que es una de las opciones viales más empleadas para cruzar la Delegación por la gente que vive hacia la parte sureste de la ciudad y desea dirigirse al norte y, por otra, al uso ilegal ya “autorizado” por las autoridades correspondientes a otros predios de esta calle.

Sin duda, la violación a la norma vigente de uso habitacional ha convertido a nuestra calle en una vialidad con un altísimo aforo vehicular y un enorme cuello de botella, por lo que cualquier proyecto de nuevas instalaciones comerciales no aprobaría un estudio de impacto vial que se realizara correctamente.

CONACULTA ha pretendido presentar como aceptado por esta comunidad su proyecto del CCEG a través de cartas firmadas por unos cuantos vecinos de la delegación que tiene su domicilio en lugares diferentes a nuestra calle y con base en declaraciones o supuestos apoyos de personas que, sin serlo, se dicen representes vecinales de nuestro barrio. De manera sistemática han ignorado las opiniones y puntos de vista de quienes si habitamos en la calle de Fernández Leal.

A partir del momento que nos hemos enterado de las intenciones de CONACULTA y hasta la fecha, diferentes grupos de vecinos hemos llevado a cabo diversas acciones para dar a conocer nuestra oposición, no al proyecto cultural en sí, sino a su instalación en la calle de Fernández Leal.

La morosidad, oídos sordos, excesiva burocracia y falta de respuesta pronta y expedita por parte de las autoridades administrativas competentes ante quienes hemos denunciado, conforme a los procedimientos establecidos, el proceder ilegal de SEDUVI y CONACULTA, nos lleva  a los vecinos de Fernández Leal a buscar y plantearnos otras formas de denuncia y protesta por las violaciones sistemáticas a la legislación que han venido realizando SEDUVI y CONACULTA e insistimos en nuestras demandas básicas:

-      Que las autoridades delegacionales hagan pública su incapacidad administrativa y legal para impedir la violación de la ley por parte de SEDUVI y el atropello a los derechos de los habitantes de nuestra delegación por parte de esta instancia del gobierno de la ciudad.

-    Con base en nuestro interés legítimo que el jefe de gobierno Marcelo Ebrard Casaubón inicie los trámites requeridos para lograr la anulabilidad de los actos administrativos realizados por SEDUVI relacionados con el cambio de uso de suelo del predio de Fernández Leal 43, por no cumplir con los requisitos de validez establecidos por las leyes aplicables.

-    Que CONACULTA y Educal respondan a las verdaderas necesidades culturales de la población, escuchen las opiniones de los vecinos sobre los efectos nocivos que sobre el entorno vecinal tendrá la operación del CCEG y hagan a un lado el obcecado autoritarismo con el que ha desarrollado este proyecto.

-  Que CONACULTA atienda a una de sus funciones sustantivas y otorgue los recursos necesarios para el rescate de la iglesia de La Conchita a punto de colapsarse.