Entre el diagnóstico y la responsabilidad compartida: un llamado a repensar la educación superior mexicana

El reciente texto de Imanol Ordorika, publicado el jueves 3 de diciembre de 2025 en el periódico La Jornada, ofrece un diagnóstico preciso, y necesario, del estado de la educación superior en México. Su fuerza radica no sólo en la enumeración de fallas de política pública, sino en su capacidad para situar el debate en un momento crucial: dos transiciones sexenales, grandes expectativas constitucionales y, sin embargo, una ausencia persistente de proyecto nacional. La educación superior, como advierte Ordorika, sigue atrapada entre la retórica del cambio y la realidad del estancamiento.

En mi opinión acierta al subrayar tres rasgos centrales del periodo reciente: la falta de un proyecto integral para el sistema, la insuficiencia y regresión del financiamiento, y la creciente distancia entre el Estado y las universidades públicas. El análisis está anclado en datos verificables -cobertura, presupuestos, costo por estudiante- y revela con claridad que, sin recursos y sin dirección estratégica, los avances legales en materia de gratuidad, obligatoriedad y autonomía quedan reducidos a aspiraciones formales.

Sin embargo, el texto del Dr. Ordorika también abre una oportunidad para ampliar la mirada hacia otras dimensiones que explican la crisis y que deben ser parte de cualquier agenda seria de transformación. La educación superior mexicana no sólo enfrenta problemas derivados del diseño federal o del presupuesto, sino también desafíos estructurales dentro de las propias instituciones, que rara vez ocupan el centro del debate público.

Una de esas dimensiones es la situación de los profesores de asignatura, quienes representan entre 60% y 70% de la docencia universitaria. Se trata de la columna vertebral invisible del sistema: docentes que sostienen la operación cotidiana de las universidades y que, sin embargo, suelen laborar en condiciones precarias, con bajos salarios, múltiples contratos temporales, cargas fragmentadas y escaso acceso a formación o estabilidad. Esta estructura de empleo académico no sólo profundiza desigualdades internas, sino que compromete de manera directa la calidad educativa, la continuidad curricular y la posibilidad de implementar innovaciones pedagógicas. Cualquier política pública orientada a la calidad o a la equidad en la educación superior simplemente fracasará si no se enfrenta la precarización docente de manera frontal.

Otra dimensión ineludible es la crisis de los sistemas de pensiones universitarias, un "volcán financiero"  cuya explosión ha sido diferida por años mediante transferencias extraordinarias y acuerdos parciales. Muchos regímenes de beneficio definido heredados de décadas pasadas son financieramente inviables; absorben recursos crecientes, limitan la planeación institucional y ponen en riesgo la sostenibilidad de la expansión educativa. Atender la viabilidad actuarial de estos sistemas ya no es una cuestión administrativa: es una condición de supervivencia para las universidades públicas.

A ello se suma el papel de los sindicatos universitarios, actores fundamentales en cualquier proceso de transformación. No es posible reformar pensiones, renegociar condiciones laborales o profesionalizar la planta académica sin su participación activa. Pero también es cierto que algunas prácticas sindicales -rigideces, opacidad, resistencia a evaluaciones, defensa de estructuras laborales que ya no corresponden a la misión académica- han dificultado la modernización institucional. Una política pública de educación superior que ignore a los sindicatos está condenada al fracaso; pero una que no dialogue sobre la necesidad de renovación sindical, transparencia y corresponsabilidad también lo está.

Incorporar estas dimensiones no debilita el argumento del Dr. Ordorika: lo fortalece. La crisis de la educación superior no es responsabilidad exclusiva del gobierno federal; tampoco es un problema que las universidades puedan resolver sin un marco nacional coherente. Es una responsabilidad compartida, y requiere un nuevo pacto entre Estado, instituciones, trabajadores académicos, sindicatos y sociedad.

Por ello, la columna de Ordorika debería funcionar no sólo como diagnóstico, sino como convocatoria. Un llamado urgente a que las y los estudiosos de la educación superior, especialistas en política pública, analistas institucionales, rectores, rectoras, legisladores, sindicatos y responsables de planeación educativa participen en un proceso de deliberación seria, plural y basada en evidencia, orientado a diseñar, entre otros aspectos:

·        principios para una política nacional de educación superior;
·     lineamientos para un programa de gobierno con horizonte de 10–15 años;
·        propuestas para la profesionalización del personal académico;
·        alternativas viables para la reforma de los sistemas de pensiones;
·        mecanismos de diálogo social y renovación sindical;
·        criterios para una expansión con calidad y equidad;
·        modelos de financiamiento multianual y sostenido.

El país necesita más que diagnósticos: necesita voluntad colectiva para transformar su sistema universitario. Sin un proyecto claro, sin responsabilidad compartida y sin reformas estructurales, la educación superior seguirá oscilando entre la austeridad, la improvisación y la confrontación política.

La ciudadanía ya manifestó su deseo de cambio.

La pregunta ahora es si el Estado, las universidades y los actores del sistema estarán a la altura del desafío.

 

                  

  

Carta pública al Dr. Manuel Gil Antón

 Estimado Dr. Gil Antón:

Te enviamos un cordial saludo y nuestro más grande reconocimiento por tu constante contribución al análisis educativo en México. Desde hace años, tus columnas han tenido un efecto invaluable: poner frente a la opinión pública problemas estructurales que suelen quedar confinados a aulas académicas, informes técnicos o conversaciones especializadas.

Tu reciente texto “Estar en la escuela: destinos desiguales” (publicado en El Universal) nos interpela con claridad y solidez intelectual. La secuencia estadística que reconstruye —desde el ingreso a primaria hasta la culminación de la educación superior— es tan simple en apariencia como brutal en significado: de cada cien niñas y niños, apenas una parte logra recorrer la ruta que la Constitución reconoce como obligatoria y universal. Ese dato, presentado en clave humana y no solo numérica, incomoda como debe incomodar una verdad que el país ha normalizado.

En ORIENTA coincidimos contigo con el sentido de urgencia que plantea: la exclusión educativa no es un fenómeno marginal, sino el resultado acumulado de desigualdades persistentes que la escuela, en lugar de corregir, reproduce o amplifica.

Al mismo tiempo —y lo planteamos con espíritu de diálogo más que de disenso— nos gustaría ampliar una parte del planteamiento final de tu columna: la idea de que la solución requiere, ante todo, una figura con visión de estadista y liderazgo excepcional.

Entendemos, como nos los has recordado en múltiples conversaciones previas, que el espacio de una columna en prensa escrita obliga a la síntesis y a tomar decisiones discursivas que dejan fuera matices y complejidades. Una columna no es un ensayo, ni una ponencia, ni un proyecto de nación: es una chispa que prende o motiva el inicio de la conversación colectiva.

Mi reflexión complementaria no es un cuestionamiento a tu intención, sino una invitación a continuar la discusión en una dirección que considero conveniente y necesaria.

El desafío educativo que enfrentamos no es únicamente —ni principalmente— una cuestión de voluntad individual. El problema no radica en la ausencia de una figura iluminada, sino en la ausencia de un Estado capaz de sostener políticas públicas estables, equitativas y transexenales. Es decir: No es falta de voluntad: es falta de Estado.

Las transformaciones educativas duraderas en el mundo —Portugal, Uruguay, Ontario, Finlandia, Corea del Sur— no surgieron de una persona providencial, sino de acuerdos amplios, instituciones fuertes, participación social y compromisos sostenidos más allá de los ciclos electorales.

Considero que tu columna abre precisamente ese espacio: el reconocimiento de la magnitud del problema y la urgencia de construir un horizonte común que no dependa del liderazgo excepcional, sino de la responsabilidad pública compartida.

Agradezco tu trabajo, tu persistencia y tu voz —siempre necesaria— en tiempos en que el debate público corre el riesgo de volverse superficial, binario o complaciente.

Quedamos abiertos a continuar este diálogo con el rigor, la esperanza y la seriedad que la educación del país merece.

Con respeto te reiteramos nuestra admiración y reconocimiento.

ORIENTA

Instituto Mexicano de Orientación y Evaluación Educativa, S.C.

 Ludopatía: Un problema de salud pública ignorado

JMS 

3/03/25 

Se estima que hoy en día alrededor de 3.9 millones de personas en México padecen ludopatía, lo que equivale al 3% de la población nacional. Para quienes enfrentan esta adicción, las repercusiones van más allá del juego mismo: pueden sufrir serias afectaciones económicas, perder estabilidad laboral y ver dañadas sus relaciones personales y familiares.

A pesar de la magnitud del problema, México no cuenta con estadísticas oficiales sobre la ludopatía y sus impactos sociales. Esta falta de información dificulta la creación de estrategias efectivas que permitan atender a quienes sufren esta adicción y prevenir su avance.

Consecuencias sociales de la proliferación sin control de casas de apuestas

Distintos estudios han señalado que el crecimiento acelerado de estos establecimientos no solo está relacionado con la ludopatía, sino que también puede generar otros problemas sociales:

• Lavado de dinero: Algunos casinos pueden ser utilizados como fachada para actividades ilícitas relacionadas con el blanqueo de capitales.
• Aumento de la prostitución: Se ha observado que en las zonas cercanas a casinos suelen incrementarse actividades de prostitución.
• Despilfarro económico: Muchas personas con problemas de juego llegan a gastar cantidades excesivas de dinero, afectando su economía personal y la de sus familias.

La importancia de la investigación y la regulación

Dado que en México aún falta información precisa sobre la ludopatía y sus efectos, es urgente impulsar investigaciones que permitan comprender mejor la situación y diseñar estrategias de prevención y apoyo. Asimismo, es fundamental establecer regulaciones más estrictas para controlar la expansión de las casas de apuestas y minimizar sus impactos negativos.

Un desafío que requiere acción inmediata

La creciente presencia y publicidad de casas de apuestas en el país no es un tema menor. Sus efectos trascienden el ámbito del entretenimiento y afectan la salud pública, la seguridad y la economía de muchas familias. Por ello, es esencial que tanto las autoridades como la sociedad en su conjunto busquen soluciones que protejan a las personas más vulnerables y reduzcan los enormes riesgos asociados a la ludopatía.

 

Más que un derecho incumplido:

La educación inicial como una política de Estado pendiente

 

Jorge Martínez Stack

ORIENTA

Instituto Mexicano de Orientación y Evaluación Educativa, S.C.

En su más reciente colaboración para *El Universal* (8 de noviembre de 2025), el Dr. Manuel Gil Antón ofrece un diagnóstico lúcido y necesario sobre las enormes deficiencias en cobertura de la educación inicial en México. Según los datos que cita, apenas el 3.8 % de las niñas y niños menores de tres años acceden a servicios institucionales, lo que equivale a un incumplimiento masivo del derecho constitucional que el artículo 3º reconoce como obligatorio y responsabilidad directa del Estado.
Su tono es de justa indignación: un derecho no ejercido es una injusticia.

Sin embargo, aun reconociendo la pertinencia de su crítica, creemos que su análisis deja fuera un aspecto crucial: la educación inicial no es solo un asunto de cobertura, sino el cimiento estratégico del desarrollo nacional. Su valor no se limita a brindar espacios de socialización o juego; es la etapa donde se construye la arquitectura cerebral, la base afectiva y el andamiaje social sobre los que descansan las capacidades de aprendizaje, convivencia y productividad de toda una generación.

1. La educación inicial: mucho más que juego y socialización

El Programa Sintético de Educación Inicial (Fase 1, 2023) —poco mencionado en los debates públicos— no se reduce a un enfoque lúdico o asistencial. Está organizado en cuatro campos formativos:

• Lenguajes: narrativo, corporal, artístico y digital.

• Saberes y pensamiento científico: exploración sensorial, relación causa-efecto.

• Cuidado de sí y de los otros: autonomía, empatía, higiene, autorregulación.

• Ética, naturaleza y sociedades: identidad, pertenencia y sostenibilidad.

Estos campos responden a una base neurocientífica sólida. Sabemos que entre los 0 y 3 años ocurre hasta el 90 % de la consolidación de la arquitectura cerebral (Center on the Developing Child, Harvard). En ese mismo periodo se generan hasta un trillón de sinapsis, cuya densidad depende de los estímulos y del entorno afectivo. Las funciones ejecutivas —memoria de trabajo, control inhibitorio, planeación— se fortalecen con interacciones adultas responsivas y sostenidas. 

En otras palabras: la educación inicial no es un lujo lúdico, es una inversión en capital humano y social. Cada año sin acceso implica pérdidas irreversibles en desarrollo cognitivo y socioemocional. James Heckman lo demostró hace dos décadas: el retorno económico y social por cada dólar invertido en primera infancia es el más alto de todo el ciclo educativo.

2. La política del abandono: cuando “los niños no votan” Si la cobertura es precaria, las decisiones de política pública recientes agravaron el problema. El cierre del programa de Estancias Infantiles de SEDESOL (2007-2019) y su sustitución por transferencias monetarias directas representaron un retroceso estructural.

Modelo anterior (2007-2019):

- 9 000 estancias, 330 000 niñas y niños

- Personal capacitado en pedagogía, nutrición y salud

- Horario extendido de 8 horas

- Supervisión educativa y de seguridad

Modelo actual (2019-2025):

- Becas de $1 600 bimestrales sin supervisión

- Familias sin formación pedagógica

- Cuidado informal (abuelas, tías)

- Ausencia de estándares y seguimiento

        Las consecuencias están documentadas:

- INEGI (2023): aumento del 18 % en trabajo infantil (6-11 años).

- CONEVAL (2024): 62 % de madres beneficiarias reportan estrés y falta de estímulos educativos en casa.

- Estudio longitudinal (UIA, 2025): los niños que asistieron a las antiguas estancias superan en 0.4 DE en lenguaje y autorregulación a quienes solo recibieron beca.

La política de transferencias desprofesionalizó la educación inicial, trasladando la carga de cuidado a las madres trabajadoras y acentuando las desigualdades de género y clase.

3. Reconstruir el cimiento: hacia un pacto nacional por la primera infancia

México posee un currículo de vanguardia y marcos normativos claros, pero carece de una política pública integral. Si la educación inicial es el punto de partida de la justicia educativa, se requiere un compromiso de Estado que trascienda el sexenio.

Acciones prioritarias:

1. Recuperar y ampliar la red de centros públicos de calidad (CENDI 2.0): con una proporción ideal de 1 adulto por cada 4 niños y currículo supervisado.

2. Profesionalizar a 100 000 agentes educativos en cinco años: mediante formación dual (bachillerato + pedagogía).

3. Condicionar las transferencias económicas a la participación en programas supervisados de estimulación temprana.

4. Evaluar procesos y no solo matrícula: medir interacciones, bienestar, uso del lenguaje y desarrollo socioemocional.

Una conclusión preliminar

El Dr. Gil Antón tiene razón en su diagnóstico de exclusión. Subestima, sin embargo, el potencial transformador de la educación inicial y el daño estructural que ha significado su abandono político.

La educación inicial no es una promesa pendiente: es el punto de partida de toda justicia social. Un país que renuncia a educar a su infancia desde la cuna no ahorra recursos: hipoteca su futuro.

 

El Presupuesto Participativo en la Ciudad de México:

Orígenes, Demagogia y Contradicciones[1]

Jorge Martínez Stack

El Presupuesto Participativo (PP) en la Ciudad de México, implementado desde 2011, se presenta como un mecanismo de democracia directa que permite a los ciudadanos proponer y decidir sobre proyectos para mejorar sus colonias, barrios y pueblos originarios, utilizando un porcentaje del presupuesto de las alcaldías (actualmente el 4%). Si bien las autoridades lo promocionan como una herramienta de empoderamiento ciudadano, su diseño, implementación y narrativa oficial revelan un uso demagógico, limitaciones estructurales y contradicciones que cuestionan su eficacia y autenticidad.

En este trabajo, se analizan sus orígenes, el manejo político del programa, la suposición de que los ciudadanos siempre conocen mejor sus necesidades, el problema de los montos homogéneos y la contradicción con los Programas Operativos Anuales (POA) de las alcaldías.

Orígenes del Presupuesto Participativo: Una copia adaptada

El PP en la Ciudad de México no es una invención local, sino una adaptación de experiencias internacionales, particularmente del modelo pionero implementado en Porto Alegre, Brasil, en 1989. En Porto Alegre, el Partido de los Trabajadores impulsó el PP como un mecanismo para democratizar la asignación de recursos municipales, priorizando las necesidades de comunidades marginadas mediante asambleas abiertas y deliberativas. Este modelo se extendió por América Latina, inspirando programas en países como Argentina, Chile, Perú y Uruguay. En México, las primeras experiencias se registraron en municipios como Cuquío, Jalisco, y en delegaciones de la Ciudad de México (Tlalpan, Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo) desde 2001, aunque sin un diseño homogéneo ni continuidad.

La versión mexicana, regulada por la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal (2010) y posteriormente por la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México (2019), adoptó elementos del modelo brasileño, como la presentación de propuestas ciudadanas y la consulta popular, pero con diferencias clave: en Porto Alegre, las decisiones eran más vinculantes y las asambleas tenían un rol deliberativo central, mientras que en la Ciudad de México, las alcaldías y el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) mantienen un control significativo sobre la dictaminación, ejecución y vigilancia de los proyectos, limitando el poder ciudadano.

Uso demagógico del programa

El PP se promociona con un discurso pomposo que exalta la participación ciudadana como un pilar de la democracia local, con campañas como “Enchula tu Colonia” que buscan proyectar una imagen de inclusión y empoderamiento. Sin embargo, este discurso oculta un uso demagógico del programa, caracterizado por:

• Baja participación ciudadana: Entre 2011 y 2018, la afluencia a las consultas del PP fue extremadamente baja, lo que refleja un diseño institucional que no incentiva la participación masiva. Las facultades de las alcaldías en la dictaminación y ejecución de proyectos desalientan a los ciudadanos, quienes perciben que su voz tiene un impacto limitado.
• Manipulación política: Las autoridades han utilizado el PP para legitimar sus agendas, presentándolo como un logro democrático mientras mantienen el control sobre los resultados. Según Goldfrank (2006) y Bastida (2011), los presupuestos participativos son vulnerables a distorsiones políticas, burocráticas y financieras, y en la Ciudad de México, las alcaldías pueden rechazar proyectos ciudadanos bajo criterios técnicos o jurídicos poco transparentes, lo que permite priorizar sus propios intereses.
• Falta de seguimiento y rendición de cuentas: Aunque la Ley de 2019 introdujo comités ciudadanos de vigilancia, la ejecución de los proyectos sigue dependiendo de las alcaldías, y los ciudadanos tienen un rol secundario en la fiscalización. Esto genera desconfianza y refuerza la percepción de que el PP es más un ejercicio de imagen que una herramienta transformadora.

El discurso oficial exagera los beneficios del PP, ignorando estas limitaciones y presentándolo como una solución universal para las necesidades locales, lo que constituye una forma de demagogia que busca capitalizar políticamente la participación ciudadana sin garantizar resultados sustantivos.

La cuestionable suposición de que los ciudadanos conocen mejor sus necesidades

El PP parte de la premisa de que los ciudadanos, por vivir en sus comunidades, tienen un conocimiento privilegiado de las necesidades urgentes de su entorno. Si bien esta idea es atractiva, es cuestionable por varias razones:

• Falta de información técnica: Los ciudadanos no siempre cuentan con los conocimientos técnicos, financieros o normativos necesarios para proponer proyectos viables. Por ejemplo, un proyecto de infraestructura puede parecer prioritario, pero ignorar restricciones legales o ambientales, lo que lleva a su rechazo por los órganos dictaminadores. El IECM ofrece asesoría, pero esta es insuficiente para cerrar la brecha de conocimiento.
• Sesgos comunitarios: Las propuestas ciudadanas pueden reflejar intereses de grupos específicos (como líderes vecinales o sectores vocales) en lugar de necesidades colectivas. Esto puede marginar a comunidades menos organizadas o con menor acceso a las asambleas.
• Limitada deliberación: A diferencia de Porto Alegre, donde las asambleas fomentaban un debate profundo, en la Ciudad de México las Asambleas de Diagnóstico y Deliberación (ADyD) son más informativas que deliberativas, lo que reduce la capacidad de los ciudadanos para priorizar necesidades de manera informada y consensuada.

Esta suposición idealiza la capacidad de los ciudadanos para identificar y articular soluciones, ignorando las barreras estructurales y la necesidad de un acompañamiento técnico robusto.

Montos homogéneos: Una forma de demagogia

El PP asigna el 4% del presupuesto anual de cada alcaldía, dividido de manera igualitaria entre todas las colonias, pueblos y barrios originarios de la demarcación. Esta distribución homogénea es problemática y refuerza el carácter demagógico del programa:

• Ignora la diversidad socioeconómica: Las colonias de la Ciudad de México tienen necesidades y contextos muy distintos. Por ejemplo, una colonia marginada como Minas Polvorilla (Iztapalapa) requiere intervenciones más costosas (como drenaje o pavimentación) que una colonia de clase media como Polanco (Miguel Hidalgo), donde las prioridades pueden ser estéticas o recreativas. Los montos homogéneos no reflejan estas disparidades, limitando el impacto en comunidades con mayores carencias.
• Fomenta proyectos pequeños y fragmentados: Los montos asignados (por ejemplo, entre 200,000 y 500,000 pesos por unidad territorial, según el tamaño y las condiciones de la colonia) son insuficientes para proyectos estructurales. Esto lleva a propuestas de bajo impacto, como pintura de fachadas o colocación de luminarias, que las autoridades pueden exhibir como “éxitos” sin abordar problemas de fondo.
• Percepción de igualdad engañosa: La distribución igualitaria se presenta como una medida de justicia, pero en realidad perpetúa inequidades al no considerar factores como la población, la pobreza multidimensional o la incidencia delictiva. Desde 2022, el 50% del presupuesto se reparte proporcionalmente según estos criterios, pero el otro 50% sigue siendo homogéneo, lo que diluye el potencial transformador del programa.

Esta política de montos homogéneos es demagógica porque proyecta una falsa equidad, mientras que en la práctica restringe la capacidad de las comunidades más necesitadas para financiar proyectos significativos.

Contradicción entre el POA y las propuestas ciudadanas

Una de las contradicciones más evidentes del PP es su relación con el Programa Operativo Anual (POA) de las alcaldías, que establece las prioridades presupuestales de cada demarcación. El POA, diseñado por las autoridades con base en diagnósticos técnicos y políticos, a menudo entra en conflicto con las propuestas ciudadanas del PP:

• Prioridades divergentes: Los proyectos del PP, al ser definidos por los ciudadanos, pueden no alinearse con las metas del POA, que responde a una visión administrativa más amplia. Por ejemplo, una colonia puede proponer un parque recreativo, pero el POA podría priorizar infraestructura hidráulica. Las alcaldías, al dictaminar la viabilidad de los proyectos, suelen rechazar aquellos que no encajan con el POA, lo que limita la autonomía ciudadana.
• Duplicidad o redundancia: Algunos proyectos del PP coinciden con obras ya previstas en el POA (como reparación de banquetas o alumbrado), lo que genera una percepción de ineficiencia o manipulación, ya que las autoridades pueden atribuirse el crédito por iniciativas ciudadanas.
• Falta de integración: No existe un mecanismo formal para integrar las propuestas del PP en la planeación del POA, lo que refuerza la desconexión entre los ejercicios participativos y las políticas públicas de las alcaldías. Esto contradice el espíritu del PP, que busca que las decisiones ciudadanas tengan un impacto real en la gestión municipal.

Esta contradicción evidencia que el PP opera como un ejercicio paralelo, con un impacto limitado en la planeación estratégica de las alcaldías, lo que refuerza su carácter simbólico más que transformador.

Otros problemas estructurales o de diseño

Además de los puntos anteriores, el PP enfrenta otras limitaciones que alimentan su carácter demagógico:

• Burocratización: El proceso de registro, dictaminación y ejecución de proyectos es complejo y depende de órganos técnico-administrativos (como los Órganos Dictaminadores de las alcaldías), lo que desalienta la participación de ciudadanos sin experiencia en trámites gubernamentales.
• Falta de continuidad: Muchos proyectos ganadores no se ejecutan en el tiempo establecido o quedan inconclusos debido a problemas presupuestales o administrativos, lo que frustra a las comunidades y reduce la confianza en el programa.
• Desigualdad en la participación: Las colonias con mayor organización social o acceso a recursos (como asesoría técnica) tienden a presentar mejores proyectos, mientras que las comunidades marginadas enfrentan barreras para participar efectivamente, perpetuando desigualdades.

Colofón

El Presupuesto Participativo en la Ciudad de México, inspirado en el modelo de Porto Alegre, se ha convertido en un instrumento más simbólico que transformador. Su promoción como una herramienta de empoderamiento ciudadano encubre un uso demagógico, donde las autoridades capitalizan la narrativa de la participación sin garantizar un impacto sustantivo. La suposición de que los ciudadanos siempre conocen mejor sus necesidades ignora las barreras técnicas y sociales que limitan su participación. La asignación de montos homogéneos perpetúa inequidades al no considerar las disparidades entre colonias, mientras que la contradicción con el POA evidencia la desconexión entre las propuestas ciudadanas y la planeación oficial. Para que el PP cumpla su promesa democrática, sería necesario reformar su diseño institucional, fortalecer la capacitación ciudadana, garantizar una distribución equitativa de recursos y alinear las propuestas con los planes estratégicos de las alcaldías, evitando que siga siendo un ejercicio demagógica y superficial solo para el manejo de la imagen política de autoridades y burócratas.

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[1] Este trabajo fue elaborado con el apoyo en diversas consultas a la plataforma de IA de “X”, Grok, realizadas entre el 27 y 29 de abril de 2025.

 

En México quién o qué autoridad puede o tiene la facultad de 

prohibir música?[1]                                                                                                                                             

En México, ninguna autoridad tiene la facultad expresa de prohibir música de manera general o absoluta, ya que la libertad de expresión está protegida por el Artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sin embargo, existen casos específicos en los que ciertas autoridades pueden imponer restricciones o regulaciones relacionadas con la difusión de música, bajo circunstancias particulares:

1. Autoridades municipales o estatales:

• En algunos estados o municipios, como en Sinaloa o Chihuahua, se han emitido acuerdos o decretos locales para restringir la reproducción de ciertos géneros musicales, como los narcocorridos, en espacios públicos o eventos privados, argumentando que pueden promover la violencia o el crimen organizado. Estas medidas suelen basarse en leyes locales de orden público o prevención del delito, pero no son prohibiciones totales de la música en sí, sino limitaciones en contextos específicos.
• Ejemplo: En 2023, el gobierno de Sinaloa prohibió la interpretación de narcocorridos en bares, restaurantes y eventos públicos, con multas para quienes incumplieran

1. Secretaría de Gobernación (SEGOB):
• A nivel federal, la SEGOB, a través de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía (RTC), regula contenidos en medios de comunicación. Puede emitir lineamientos para evitar la difusión de contenido que se considere contrario a la moral, incite a la violencia o vulnere derechos, pero esto aplica más a medios tradicionales (radio y TV) que a música en general.
• 
  

• Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR):

• En casos de violación de derechos de autor, el INDAUTOR puede intervenir para suspender la distribución o reproducción de una obra musical, pero esto no equivale a una prohibición cultural o artística, sino a una medida legal por propiedad intelectual.
• 
  
• Poder Judicial:
• Un juez podría ordenar la suspensión de la difusión de una pieza musical si se determina que viola derechos fundamentales, como en casos de difamación, incitación al odio o violencia explícita, pero esto sería excepcional y requeriría un proceso legal.
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• Limitaciones:

1. Las restricciones suelen ser locales y no nacionales.
2. Cualquier intento de prohibición debe respetar la libertad de expresión, y medidas excesivas podrían ser impugnadas ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por inconstitucionalidad.
3. Organismos como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) pueden intervenir si consideran que una prohibición vulnera derechos.

• Conclusión provisional

No existe una autoridad con poder general para prohibir música en México, pero ciertas regulaciones locales o medidas específicas pueden limitar su difusión en contextos particulares, siempre sujetas a los límites constitucionales.

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[1] Notas elaboradas con base en consultas a la plataforma IA Grek (abril de 2025),

 

Las ingenierías en el sistema educativo superior mexicano que pudieran responder a necesidades específicas y actuales de la sociedad

 

Educación y necesidades sociales (¿emergentes?)

México enfrenta necesidades críticas en múltiples sectores que reflejan los retos de una sociedad en transformación, marcada por la búsqueda de seguridad, desarrollo económico y sostenibilidad.

Por ejemplo:

·      En seguridad pública, la persistente violencia, con un aumento del 15% en delitos de alto impacto entre 2018 y 2023 (INEGI), demanda sistemas tecnológicos avanzados, como redes de videovigilancia con inteligencia artificial y bases de datos integradas, que aún no son plenamente atendidos por el sistema educativo.
·        En el ámbito militar, la dependencia de tecnología extranjera para defensa subraya la necesidad de formar ingenieros especializados en ciberdefensa y sistemas autónomos, mientras que la producción de armas, restringida al ámbito militar, requiere innovación para fortalecer la soberanía tecnológica sin alimentar mercados ilícitos.
·        La aeronáutica, un sector estratégico con exportaciones de 9,500 millones de USD en 2023 (FEMIA), necesita más profesionales en diseño y fabricación para consolidar a México como hub global, pero la oferta educativa es limitada.
·        En procesos aduaneros, el comercio internacional, impulsado por el T-MEC, exige expertos en logística y automatización para agilizar operaciones en un país que exporta 475,000 millones de USD anuales (Banco Mundial).
·        La industria de alimentos, pilar del 3.5% del PIB, enfrenta el reto de garantizar seguridad alimentaria y reducir el desperdicio del 30% de la producción (FAO), demandando avances en procesamiento y conservación.
·        La productividad agrícola y la agronomía son vitales ante la escasez de agua (70% destinada al campo, CONAGUA) y el cambio climático, requiriendo tecnologías como agricultura de precisión para apoyar al 60% de los alimentos producidos localmente (SADER).
·        La industria farmacéutica, con un mercado de 20,000 millones de USD, necesita innovación en biofarmacéuticos para disminuir la importación del 80% de principios activos (ProMéxico) y garantizar acceso a medicamentos.
·        En comunicaciones y transporte, la brecha digital y la conectividad rural persisten, mientras que proyectos como el Tren Maya destacan la importancia de ingenieros en logística y movilidad.
·        Las vías férreas y carreteras requieren modernización para soportar el crecimiento económico, con una inversión pública en infraestructura que alcanzó los 1.2 billones de pesos en 2023 (SCT).
·        La producción de energías limpias es urgente para cumplir metas climáticas, pero México genera solo el 10% de su electricidad de fuentes renovables (SENER), necesitando expertos en solar, eólica y almacenamiento.
·        Finalmente, las exploraciones marítimas petroleras, clave para el 7% del PIB (PEMEX), demandan innovación para equilibrar extracción con sostenibilidad en un contexto de transición energética.

Estas necesidades, diversas pero interconectadas, requieren una educación superior que forme profesionales capaces de innovar y responder a los desafíos de un México que aspira a ser más seguro, productivo y sostenible.

En el presente texto hemos tratado de analizar cada una de las áreas mencionadas, con base en la información disponible sobre la oferta educativa en México, para determinar si existen programas específicos y cómo sería posible alinearlas con las demandas sociales[1].

1. Ingeniería en diseño de sistemas de seguridad pública

Existencia: No existe una licenciatura titulada explícitamente como "Ingeniería en Diseño de Sistemas de Seguridad Pública" en las universidades mexicanas. Sin embargo, hay programas relacionados que abordan aspectos de seguridad desde enfoques técnicos e ingenieriles:

• Ingeniería en Computación y Tecnologías de la Información: Universidades como el IPN, la UNAM y el ITESM ofrecen programas que incluyen asignaturas sobre ciberseguridad, gestión de datos y sistemas de información, los cuales pueden aplicarse al diseño de sistemas para la seguridad pública (por ejemplo, plataformas de monitoreo o análisis de datos para prevención del delito).
• Ingeniería en Sistemas Computacionales: En instituciones como la UAM o la UANL, se forman profesionales capaces de desarrollar software y sistemas tecnológicos que podrían adaptarse a necesidades de seguridad pública, como sistemas de videovigilancia o inteligencia artificial para análisis predictivo.
• Maestrías y posgrados: Existen programas especializados, como la Maestría en Seguridad Informática del IPN o la Maestría en Ciberseguridad de la Universidad Autónoma de Guadalajara, que podrían enfocarse en sistemas tecnológicos para la seguridad.

Relación con necesidades sociales: La seguridad pública es una prioridad en México, con un aumento del 15% en delitos de alto impacto entre 2018 y 2023 (según datos del INEGI). La falta de una ingeniería específica refleja que estas necesidades suelen ser cubiertas por disciplinas más generales como la ingeniería en computación o electrónica, pero la demanda de sistemas integrados (por ejemplo, redes de cámaras con IA o bases de datos para rastreo delictivo) sugiere una oportunidad para crear programas más enfocados.

 2. Ingeniería militar y producción de armas

Existencia:

• Ingeniería Militar: La Escuela Militar de Ingenieros (dependiente de la SEDENA) ofrece licenciaturas específicas para formar ingenieros militares, incluyendo:
• Ingeniería en Construcción Militar.
• Ingeniería Industrial Militar (con especialidades en Mecánica, Eléctrica y Química).
• Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica.
• Ingeniería en Computación e Informática. Estas carreras, exclusivas para personal militar, combinan formación técnica con aplicaciones castrenses y están diseñadas para satisfacer necesidades del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.
• Producción de armas: No existe una licenciatura en México titulada "Ingeniería en Producción de Armas", pero la Industria Militar Mexicana (bajo la SEDENA) capacita a ingenieros militares en la fabricación y mantenimiento de armamento. Por ejemplo, la Fábrica de Armas de la SEDENA produce fusiles y pistolas, y los ingenieros industriales militares participan en estos procesos. La capacitación es interna y no está disponible en universidades civiles.
• Ciberseguridad y ciberdefensa: La Escuela Militar de Ingenieros imparte una Maestría en Ciberseguridad y Ciberdefensa, enfocada en proteger infraestructuras críticas y enfrentar amenazas cibernéticas, lo que es relevante para la seguridad nacional.

Relación con necesidades sociales: La producción de armas es un tema sensible en México debido al contexto de violencia y crimen organizado. La SEDENA ha modernizado su industria militar, con 35 patentes registradas en los últimos años, pero el enfoque está en el uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, no en el mercado comercial. La formación de ingenieros militares es estratégica para la soberanía tecnológica, aunque limitada al ámbito castrense. La ciberseguridad, por su parte, responde a una necesidad creciente, ya que México fue el tercer país más atacado por ransomware en América Latina en 2023 (según Kaspersky).

3. Ingeniería aeronáutica

Existencia:

• Ingeniería Aeronáutica: Sí existe en México, aunque es una carrera con oferta limitada. Instituciones como el IPN (a través de la ESIME Ticomán) y la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) ofrecen la Licenciatura en Ingeniería Aeronáutica, enfocada en el diseño, mantenimiento y operación de aeronaves.
• Ingeniería Aeroespacial: Algunas universidades, como la UPAEP (Puebla) y la UNAQ (Universidad Aeronáutica en Querétaro), imparten esta carrera, que incluye aspectos de aeronáutica y tecnología espacial. La UNAQ es particularmente relevante, ya que está ubicada en un clúster aeroespacial en Querétaro, donde operan empresas como Bombardier y Airbus.
• Formación militar: La Escuela Militar de Aviación y el Colegio del Aire ofrecen cursos técnicos relacionados con aeronáutica para la Fuerza Aérea, pero no son licenciaturas abiertas al público civil.

Relación con necesidades sociales: México es un hub importante en la industria aeroespacial, siendo el 14° exportador mundial de partes aeronáuticas (con exportaciones por 9,500 millones de USD en 2023, según la FEMIA). La formación de ingenieros en esta área es clave para mantener la competitividad en un sector que genera 60,000 empleos directos. Sin embargo, la oferta educativa es limitada en comparación con la demanda, y la mayoría de los egresados se concentran en manufactura más que en diseño innovador, lo que podría ser una oportunidad para expandir programas.

 4. Ingeniería de procesos aduaneros

Existencia: No existe una carrera titulada "Ingeniería en Procesos Aduaneros" en el sistema educativo mexicano. Sin embargo:

• Ingeniería en Logística y Transporte: Universidades como la UANL, el ITESM y la UP ofrecen esta carrera, que incluye asignaturas sobre cadenas de suministro, comercio internacional y gestión aduanera. Por ejemplo, el plan de estudios del ITESM cubre aspectos normativos de comercio exterior y procesos logísticos en puertos y aduanas.
• Licenciaturas relacionadas: Programas como Comercio Internacional (UNAM, IPN) o Administración Aduanera (algunas universidades privadas) abordan procesos aduaneros, pero desde una perspectiva administrativa más que ingenieril.
• Capacitación técnica: Instituciones como el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ofrecen cursos especializados para profesionales en aduanas, pero no son equivalentes a una ingeniería.

Relación con necesidades sociales: Los procesos aduaneros son críticos para la economía mexicana, dado que el país es el 12° exportador mundial (con 475,000 millones de USD en exportaciones en 2023, según el Banco Mundial). La modernización de aduanas, impulsada por tratados como el T-MEC, requiere profesionales con conocimientos técnicos en logística y automatización, pero la ausencia de una ingeniería específica sugiere que estas necesidades se cubren con programas más amplios, lo cual podría limitar la especialización.

5. Ingeniería de alimentos

Existencia:

• Ingeniería en Alimentos: Es una carrera consolidada en México, ofrecida por universidades como la UNAM, el IPN, la UAM, la Universidad de Guadalajara y la Universidad Autónoma de Querétaro. Se enfoca en el diseño, procesamiento y conservación de alimentos, así como en la inocuidad y calidad.
• Ingeniería Agroindustrial: Algunas instituciones, como la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y la UDLAP, ofrecen esta carrera con un itinerario en industrias alimentarias, abordando la transformación de materias primas en productos terminados.
• Carreras afines: La Ingeniería Química (UNAM, ITESM) también incluye especializaciones en tecnología de alimentos.

Relación con necesidades sociales: La industria alimentaria es un pilar económico, contribuyendo con el 3.5% del PIB (según INEGI, 2023). La demanda de alimentos procesados, funcionales y sostenibles ha crecido, especialmente tras la pandemia, y México enfrenta retos como la seguridad alimentaria y la reducción de desperdicios (30% de los alimentos producidos se desechan, según la FAO). Esta ingeniería responde directamente a estas necesidades, con egresados que trabajan en empresas como Nestlé, Grupo Bimbo y en el desarrollo de productos innovadores.

 6. Ingeniería en productividad en el campo (agricultura)

Existencia:

• Ingeniería Agrónoma: Es una de las carreras más tradicionales, ofrecida por universidades como la Universidad Autónoma Chapingo, la UNAM (ENES), la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro y muchas universidades estatales. Se enfoca en la producción agrícola, manejo de suelos, fitotecnia y sostenibilidad.
• Ingeniería en Agrobiotecnología: Algunas instituciones, como la UANL y la Universidad Autónoma de Chiapas, ofrecen esta carrera, que combina agronomía con biotecnología para mejorar cultivos y productividad.
• Ingeniería en Recursos Naturales Renovables: Programas como el de la Universidad de Guadalajara abordan la gestión sostenible de recursos agrícolas.
• Ingeniería Agroindustrial: Incluye aspectos de productividad al optimizar procesos agrícolas y pos-cosecha.

Relación con necesidades sociales: La agricultura mexicana enfrenta desafíos como el cambio climático, la escasez de agua (70% del agua se usa en agricultura, según CONAGUA) y la baja productividad en pequeños productores. Los ingenieros agrónomos y afines son esenciales para introducir tecnologías como la agricultura de precisión, semillas mejoradas y sistemas de riego eficiente, aunque la adopción de estas innovaciones es lenta en el sector rural, donde el 40% de los productores aún usa métodos tradicionales (según la SADER).

 7. Ingeniería en la industria farmacéutica

Existencia:

• Ingeniería Farmacéutica: Aunque menos común que otras ingenierías, existe en universidades como la UAM (Unidad Iztapalapa), donde se ofrece la Licenciatura en Ingeniería en Procesos Biofarmacéuticos, enfocada en el diseño y producción de medicamentos.
• Ingeniería Química con especialidad farmacéutica: La UNAM, el IPN y el ITESM ofrecen Ingeniería Química con materias electivas en procesos farmacéuticos, como formulación de medicamentos y control de calidad.
• Ingeniería en Biotecnología: Universidades como la UPAEP, la UANL y el IPN forman profesionales que pueden trabajar en el desarrollo de biofarmacéuticos y vacunas.

Relación con necesidades sociales: La industria farmacéutica en México genera un mercado de 20,000 millones de USD (según CANIFARMA, 2023) y es clave para la salud pública, especialmente tras la pandemia de COVID-19, que destacó la necesidad de producir medicamentos y vacunas localmente. Los ingenieros en esta área son fundamentales para innovar en procesos de producción y garantizar el acceso a medicamentos genéricos, aunque la dependencia de insumos importados (80% de los principios activos, según ProMéxico) limita el impacto.

8. Agronomía (como disciplina independiente)

Existencia:

• Como se mencionó, la Ingeniería Agrónoma es ampliamente ofrecida en México, con programas en la Universidad Autónoma Chapingo (considerada líder en América Latina), la UAAAN, la UNAM y universidades estatales.
• Especialidades: Incluyen fitotecnia, zootecnia, suelos, irrigación y agroecología, dependiendo de la institución.
• Carreras relacionadas: La Ingeniería en Horticultura (Universidad de Sonora) y la Ingeniería en Biosistemas (ITESM) también abordan aspectos agronómicos.

Relación con necesidades sociales: La agronomía es vital para la seguridad alimentaria, ya que México produce el 60% de los alimentos que consume (según la SADER). Los agrónomos trabajan en mejorar rendimientos agrícolas, enfrentar plagas y promover prácticas sostenibles, pero la migración rural y la falta de financiamiento para pequeños productores (solo el 15% accede a créditos, según el INE) son obstáculos para maximizar su impacto.

Ingenierías y necesidades sociales

El sistema educativo superior mexicano sí ofrece ingenierías o carreras relacionadas con la las áreas descritas. A continuación, resumo la situación:

1. Áreas con oferta sólida:
• Alimentos, agronomía y productividad agrícola: Las ingenierías en Alimentos, Agrónoma y Agroindustrial están bien establecidas y responden a necesidades críticas como la seguridad alimentaria y la sostenibilidad.
• Industria farmacéutica: Aunque menos común, la Ingeniería en Procesos Biofarmacéuticos y la Biotecnología cubren esta área, con potencial para crecer ante la demanda de medicamentos.
• Aeronáutica: Existe, pero la oferta es limitada frente a la importancia del sector aeroespacial.
2. Áreas con oferta parcial o derivada:
• Seguridad pública y procesos aduaneros: No hay ingenierías específicas, pero disciplinas como Ingeniería en Computación, Logística y Comercio Internacional cubren aspectos relevantes. La falta de programas especializados refleja una brecha en la formación para estas necesidades.
• Productividad en el campo: Aunque la Ingeniería Agrónoma es relevante, podría beneficiarse de mayor énfasis en tecnologías modernas como la agricultura 4.0.
3. Áreas restringidas:
• Militar y producción de armas: Estas ingenierías están limitadas al ámbito militar (SEDENA), con acceso exclusivo para personal castrense, lo que restringe su disponibilidad para civiles. La producción de armas, en particular, no tiene equivalente en universidades públicas o privadas debido a su naturaleza estratégica.

Necesidades percibidas no completamente atendidas:

• Seguridad pública: La falta de ingenierías enfocadas en sistemas integrales de seguridad (por ejemplo, diseño de redes de monitoreo o IA para prevención del delito) es una brecha significativa, dado el contexto de inseguridad.
• Procesos aduaneros: La globalización y el comercio internacional exigen profesionales con formación técnica específica, pero la oferta actual es más administrativa que ingenieril.
• Innovación militar y tecnológica: La dependencia de tecnología extranjera en defensa y seguridad limita el desarrollo de programas civiles que podrían complementar los esfuerzos militares.
• Productividad y sostenibilidad: Aunque existen carreras relevantes, la adopción de tecnologías avanzadas en el campo y la industria es lenta, lo que requiere una actualización de los planes de estudio.

Otra conclusión preliminar

El sistema educativo superior mexicano cuenta con ingenierías que cubren, de manera directa o indirecta, la mayoría de las áreas mencionadas, como alimentos, agronomía, aeronáutica, industria farmacéutica y, en el ámbito militar, seguridad y producción de armas. Sin embargo, no existen programas específicos para el diseño de sistemas de seguridad pública ni para procesos aduaneros, y las ingenierías militares están restringidas al ámbito castrense. Estas brechas reflejan oportunidades para desarrollar nuevas carreras o especializaciones que respondan mejor a las necesidades sociales actuales, como la inseguridad, la modernización del comercio y la innovación tecnológica.

 

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[1] Este análisis se elaboró con el soporte de Grok, una inteligencia artificial desarrollada por xAI, consultada el 13 de abril de 2025.