El Presupuesto Participativo en la Ciudad de México:

Orígenes, Demagogia y Contradicciones[1]

Jorge Martínez Stack

El Presupuesto Participativo (PP) en la Ciudad de México, implementado desde 2011, se presenta como un mecanismo de democracia directa que permite a los ciudadanos proponer y decidir sobre proyectos para mejorar sus colonias, barrios y pueblos originarios, utilizando un porcentaje del presupuesto de las alcaldías (actualmente el 4%). Si bien las autoridades lo promocionan como una herramienta de empoderamiento ciudadano, su diseño, implementación y narrativa oficial revelan un uso demagógico, limitaciones estructurales y contradicciones que cuestionan su eficacia y autenticidad.

En este trabajo, se analizan sus orígenes, el manejo político del programa, la suposición de que los ciudadanos siempre conocen mejor sus necesidades, el problema de los montos homogéneos y la contradicción con los Programas Operativos Anuales (POA) de las alcaldías.

Orígenes del Presupuesto Participativo: Una copia adaptada

El PP en la Ciudad de México no es una invención local, sino una adaptación de experiencias internacionales, particularmente del modelo pionero implementado en Porto Alegre, Brasil, en 1989. En Porto Alegre, el Partido de los Trabajadores impulsó el PP como un mecanismo para democratizar la asignación de recursos municipales, priorizando las necesidades de comunidades marginadas mediante asambleas abiertas y deliberativas. Este modelo se extendió por América Latina, inspirando programas en países como Argentina, Chile, Perú y Uruguay. En México, las primeras experiencias se registraron en municipios como Cuquío, Jalisco, y en delegaciones de la Ciudad de México (Tlalpan, Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo) desde 2001, aunque sin un diseño homogéneo ni continuidad.

La versión mexicana, regulada por la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal (2010) y posteriormente por la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México (2019), adoptó elementos del modelo brasileño, como la presentación de propuestas ciudadanas y la consulta popular, pero con diferencias clave: en Porto Alegre, las decisiones eran más vinculantes y las asambleas tenían un rol deliberativo central, mientras que en la Ciudad de México, las alcaldías y el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) mantienen un control significativo sobre la dictaminación, ejecución y vigilancia de los proyectos, limitando el poder ciudadano.

Uso demagógico del programa

El PP se promociona con un discurso pomposo que exalta la participación ciudadana como un pilar de la democracia local, con campañas como “Enchula tu Colonia” que buscan proyectar una imagen de inclusión y empoderamiento. Sin embargo, este discurso oculta un uso demagógico del programa, caracterizado por:

• Baja participación ciudadana: Entre 2011 y 2018, la afluencia a las consultas del PP fue extremadamente baja, lo que refleja un diseño institucional que no incentiva la participación masiva. Las facultades de las alcaldías en la dictaminación y ejecución de proyectos desalientan a los ciudadanos, quienes perciben que su voz tiene un impacto limitado.
• Manipulación política: Las autoridades han utilizado el PP para legitimar sus agendas, presentándolo como un logro democrático mientras mantienen el control sobre los resultados. Según Goldfrank (2006) y Bastida (2011), los presupuestos participativos son vulnerables a distorsiones políticas, burocráticas y financieras, y en la Ciudad de México, las alcaldías pueden rechazar proyectos ciudadanos bajo criterios técnicos o jurídicos poco transparentes, lo que permite priorizar sus propios intereses.
• Falta de seguimiento y rendición de cuentas: Aunque la Ley de 2019 introdujo comités ciudadanos de vigilancia, la ejecución de los proyectos sigue dependiendo de las alcaldías, y los ciudadanos tienen un rol secundario en la fiscalización. Esto genera desconfianza y refuerza la percepción de que el PP es más un ejercicio de imagen que una herramienta transformadora.

El discurso oficial exagera los beneficios del PP, ignorando estas limitaciones y presentándolo como una solución universal para las necesidades locales, lo que constituye una forma de demagogia que busca capitalizar políticamente la participación ciudadana sin garantizar resultados sustantivos.

La cuestionable suposición de que los ciudadanos conocen mejor sus necesidades

El PP parte de la premisa de que los ciudadanos, por vivir en sus comunidades, tienen un conocimiento privilegiado de las necesidades urgentes de su entorno. Si bien esta idea es atractiva, es cuestionable por varias razones:

• Falta de información técnica: Los ciudadanos no siempre cuentan con los conocimientos técnicos, financieros o normativos necesarios para proponer proyectos viables. Por ejemplo, un proyecto de infraestructura puede parecer prioritario, pero ignorar restricciones legales o ambientales, lo que lleva a su rechazo por los órganos dictaminadores. El IECM ofrece asesoría, pero esta es insuficiente para cerrar la brecha de conocimiento.
• Sesgos comunitarios: Las propuestas ciudadanas pueden reflejar intereses de grupos específicos (como líderes vecinales o sectores vocales) en lugar de necesidades colectivas. Esto puede marginar a comunidades menos organizadas o con menor acceso a las asambleas.
• Limitada deliberación: A diferencia de Porto Alegre, donde las asambleas fomentaban un debate profundo, en la Ciudad de México las Asambleas de Diagnóstico y Deliberación (ADyD) son más informativas que deliberativas, lo que reduce la capacidad de los ciudadanos para priorizar necesidades de manera informada y consensuada.

Esta suposición idealiza la capacidad de los ciudadanos para identificar y articular soluciones, ignorando las barreras estructurales y la necesidad de un acompañamiento técnico robusto.

Montos homogéneos: Una forma de demagogia

El PP asigna el 4% del presupuesto anual de cada alcaldía, dividido de manera igualitaria entre todas las colonias, pueblos y barrios originarios de la demarcación. Esta distribución homogénea es problemática y refuerza el carácter demagógico del programa:

• Ignora la diversidad socioeconómica: Las colonias de la Ciudad de México tienen necesidades y contextos muy distintos. Por ejemplo, una colonia marginada como Minas Polvorilla (Iztapalapa) requiere intervenciones más costosas (como drenaje o pavimentación) que una colonia de clase media como Polanco (Miguel Hidalgo), donde las prioridades pueden ser estéticas o recreativas. Los montos homogéneos no reflejan estas disparidades, limitando el impacto en comunidades con mayores carencias.
• Fomenta proyectos pequeños y fragmentados: Los montos asignados (por ejemplo, entre 200,000 y 500,000 pesos por unidad territorial, según el tamaño y las condiciones de la colonia) son insuficientes para proyectos estructurales. Esto lleva a propuestas de bajo impacto, como pintura de fachadas o colocación de luminarias, que las autoridades pueden exhibir como “éxitos” sin abordar problemas de fondo.
• Percepción de igualdad engañosa: La distribución igualitaria se presenta como una medida de justicia, pero en realidad perpetúa inequidades al no considerar factores como la población, la pobreza multidimensional o la incidencia delictiva. Desde 2022, el 50% del presupuesto se reparte proporcionalmente según estos criterios, pero el otro 50% sigue siendo homogéneo, lo que diluye el potencial transformador del programa.

Esta política de montos homogéneos es demagógica porque proyecta una falsa equidad, mientras que en la práctica restringe la capacidad de las comunidades más necesitadas para financiar proyectos significativos.

Contradicción entre el POA y las propuestas ciudadanas

Una de las contradicciones más evidentes del PP es su relación con el Programa Operativo Anual (POA) de las alcaldías, que establece las prioridades presupuestales de cada demarcación. El POA, diseñado por las autoridades con base en diagnósticos técnicos y políticos, a menudo entra en conflicto con las propuestas ciudadanas del PP:

• Prioridades divergentes: Los proyectos del PP, al ser definidos por los ciudadanos, pueden no alinearse con las metas del POA, que responde a una visión administrativa más amplia. Por ejemplo, una colonia puede proponer un parque recreativo, pero el POA podría priorizar infraestructura hidráulica. Las alcaldías, al dictaminar la viabilidad de los proyectos, suelen rechazar aquellos que no encajan con el POA, lo que limita la autonomía ciudadana.
• Duplicidad o redundancia: Algunos proyectos del PP coinciden con obras ya previstas en el POA (como reparación de banquetas o alumbrado), lo que genera una percepción de ineficiencia o manipulación, ya que las autoridades pueden atribuirse el crédito por iniciativas ciudadanas.
• Falta de integración: No existe un mecanismo formal para integrar las propuestas del PP en la planeación del POA, lo que refuerza la desconexión entre los ejercicios participativos y las políticas públicas de las alcaldías. Esto contradice el espíritu del PP, que busca que las decisiones ciudadanas tengan un impacto real en la gestión municipal.

Esta contradicción evidencia que el PP opera como un ejercicio paralelo, con un impacto limitado en la planeación estratégica de las alcaldías, lo que refuerza su carácter simbólico más que transformador.

Otros problemas estructurales o de diseño

Además de los puntos anteriores, el PP enfrenta otras limitaciones que alimentan su carácter demagógico:

• Burocratización: El proceso de registro, dictaminación y ejecución de proyectos es complejo y depende de órganos técnico-administrativos (como los Órganos Dictaminadores de las alcaldías), lo que desalienta la participación de ciudadanos sin experiencia en trámites gubernamentales.
• Falta de continuidad: Muchos proyectos ganadores no se ejecutan en el tiempo establecido o quedan inconclusos debido a problemas presupuestales o administrativos, lo que frustra a las comunidades y reduce la confianza en el programa.
• Desigualdad en la participación: Las colonias con mayor organización social o acceso a recursos (como asesoría técnica) tienden a presentar mejores proyectos, mientras que las comunidades marginadas enfrentan barreras para participar efectivamente, perpetuando desigualdades.

Colofón

El Presupuesto Participativo en la Ciudad de México, inspirado en el modelo de Porto Alegre, se ha convertido en un instrumento más simbólico que transformador. Su promoción como una herramienta de empoderamiento ciudadano encubre un uso demagógico, donde las autoridades capitalizan la narrativa de la participación sin garantizar un impacto sustantivo. La suposición de que los ciudadanos siempre conocen mejor sus necesidades ignora las barreras técnicas y sociales que limitan su participación. La asignación de montos homogéneos perpetúa inequidades al no considerar las disparidades entre colonias, mientras que la contradicción con el POA evidencia la desconexión entre las propuestas ciudadanas y la planeación oficial. Para que el PP cumpla su promesa democrática, sería necesario reformar su diseño institucional, fortalecer la capacitación ciudadana, garantizar una distribución equitativa de recursos y alinear las propuestas con los planes estratégicos de las alcaldías, evitando que siga siendo un ejercicio demagógica y superficial solo para el manejo de la imagen política de autoridades y burócratas.

---

[1] Este trabajo fue elaborado con el apoyo en diversas consultas a la plataforma de IA de “X”, Grok, realizadas entre el 27 y 29 de abril de 2025.