Entre el diagnóstico y la responsabilidad compartida: un llamado a repensar la educación superior mexicana

El reciente texto de Imanol Ordorika, publicado el jueves 3 de diciembre de 2025 en el periódico La Jornada, ofrece un diagnóstico preciso, y necesario, del estado de la educación superior en México. Su fuerza radica no sólo en la enumeración de fallas de política pública, sino en su capacidad para situar el debate en un momento crucial: dos transiciones sexenales, grandes expectativas constitucionales y, sin embargo, una ausencia persistente de proyecto nacional. La educación superior, como advierte Ordorika, sigue atrapada entre la retórica del cambio y la realidad del estancamiento.

En mi opinión acierta al subrayar tres rasgos centrales del periodo reciente: la falta de un proyecto integral para el sistema, la insuficiencia y regresión del financiamiento, y la creciente distancia entre el Estado y las universidades públicas. El análisis está anclado en datos verificables -cobertura, presupuestos, costo por estudiante- y revela con claridad que, sin recursos y sin dirección estratégica, los avances legales en materia de gratuidad, obligatoriedad y autonomía quedan reducidos a aspiraciones formales.

Sin embargo, el texto del Dr. Ordorika también abre una oportunidad para ampliar la mirada hacia otras dimensiones que explican la crisis y que deben ser parte de cualquier agenda seria de transformación. La educación superior mexicana no sólo enfrenta problemas derivados del diseño federal o del presupuesto, sino también desafíos estructurales dentro de las propias instituciones, que rara vez ocupan el centro del debate público.

Una de esas dimensiones es la situación de los profesores de asignatura, quienes representan entre 60% y 70% de la docencia universitaria. Se trata de la columna vertebral invisible del sistema: docentes que sostienen la operación cotidiana de las universidades y que, sin embargo, suelen laborar en condiciones precarias, con bajos salarios, múltiples contratos temporales, cargas fragmentadas y escaso acceso a formación o estabilidad. Esta estructura de empleo académico no sólo profundiza desigualdades internas, sino que compromete de manera directa la calidad educativa, la continuidad curricular y la posibilidad de implementar innovaciones pedagógicas. Cualquier política pública orientada a la calidad o a la equidad en la educación superior simplemente fracasará si no se enfrenta la precarización docente de manera frontal.

Otra dimensión ineludible es la crisis de los sistemas de pensiones universitarias, un "volcán financiero"  cuya explosión ha sido diferida por años mediante transferencias extraordinarias y acuerdos parciales. Muchos regímenes de beneficio definido heredados de décadas pasadas son financieramente inviables; absorben recursos crecientes, limitan la planeación institucional y ponen en riesgo la sostenibilidad de la expansión educativa. Atender la viabilidad actuarial de estos sistemas ya no es una cuestión administrativa: es una condición de supervivencia para las universidades públicas.

A ello se suma el papel de los sindicatos universitarios, actores fundamentales en cualquier proceso de transformación. No es posible reformar pensiones, renegociar condiciones laborales o profesionalizar la planta académica sin su participación activa. Pero también es cierto que algunas prácticas sindicales -rigideces, opacidad, resistencia a evaluaciones, defensa de estructuras laborales que ya no corresponden a la misión académica- han dificultado la modernización institucional. Una política pública de educación superior que ignore a los sindicatos está condenada al fracaso; pero una que no dialogue sobre la necesidad de renovación sindical, transparencia y corresponsabilidad también lo está.

Incorporar estas dimensiones no debilita el argumento del Dr. Ordorika: lo fortalece. La crisis de la educación superior no es responsabilidad exclusiva del gobierno federal; tampoco es un problema que las universidades puedan resolver sin un marco nacional coherente. Es una responsabilidad compartida, y requiere un nuevo pacto entre Estado, instituciones, trabajadores académicos, sindicatos y sociedad.

Por ello, la columna de Ordorika debería funcionar no sólo como diagnóstico, sino como convocatoria. Un llamado urgente a que las y los estudiosos de la educación superior, especialistas en política pública, analistas institucionales, rectores, rectoras, legisladores, sindicatos y responsables de planeación educativa participen en un proceso de deliberación seria, plural y basada en evidencia, orientado a diseñar, entre otros aspectos:

·        principios para una política nacional de educación superior;
·     lineamientos para un programa de gobierno con horizonte de 10–15 años;
·        propuestas para la profesionalización del personal académico;
·        alternativas viables para la reforma de los sistemas de pensiones;
·        mecanismos de diálogo social y renovación sindical;
·        criterios para una expansión con calidad y equidad;
·        modelos de financiamiento multianual y sostenido.

El país necesita más que diagnósticos: necesita voluntad colectiva para transformar su sistema universitario. Sin un proyecto claro, sin responsabilidad compartida y sin reformas estructurales, la educación superior seguirá oscilando entre la austeridad, la improvisación y la confrontación política.

La ciudadanía ya manifestó su deseo de cambio.

La pregunta ahora es si el Estado, las universidades y los actores del sistema estarán a la altura del desafío.