La librería Educal en el Barrio de La Conchita: 

Es hora de destapar la cloaca: 

El caso de Guerra Castellanos y Asociados

Segunda Parte

 

En el apartado número 13 del documento dado a conocer por la ASF, del que dábamos cuenta en la primera parte de esta entrega, se señala que la Dirección General de Administración (DGA) de Conaculta, mediante el contrato número CNCA/DGA/PS/01254/11 del 1 de marzo de 2011, contrató através de una adjudicación directa los servicios profesionales de la empresa Guerra Castellanos y Asociados, S.A. de C.V. (despacho de gestoría política muy cercano a Televisa dirigido por el hijo que tuviera Rosario Castellanos con el filósofo Ricardo Guerra).  

El motivo de esta contratación fue realizar el “análisis y diagnóstico de la problemática que enfrentaba el CONACULTA respecto de la construcción del centro cultural “Elena Garro” a fin de determinar los distintos escenarios posibles y sugerir las acciones a realizar para dar solución a la misma”.

Según los informes de actividades mensuales entregados por la empresa Guerra Castellanos y Asociados S.A. de C.V., los objetivos de su servicio fueron lograr el retiro de la clausura y aval de las autoridades delegacionales y de los vecinos por el caso del Centro Cultural Elena Garro; neutralizar y/o contrarrestar posibles riesgos a la imagen del CONACULTA; coadyuvar a crear un clima mediático favorable para su construcción y mantener la línea de comunicación con el Comité Ciudadano de la Conchita.

En los informes, el despacho contratado afirma haber realizado actividades de identificación de los principales actores (aliados y opositores) del caso; comunicación constante y reuniones con directivos del CONACULTA, EDUCAL, S.A. de C.V., integrantes de Comité Vecinal del Barrio de la Concepción y otros líderes vecinales de la Delegación Coyoacán; monitoreo constante del tema en redes sociales y medios de comunicación y desarrollo de posibles escenarios y elaboración de notas con recomendaciones.

Los resultados de la auditoría muestran que para realizar la contratación del despacho Guerra Castellanos y Asociados, la DGA no emitió el dictamen, requerido normativamente en estos casos, en donde se determinaba que no se contaba con personal capacitado o disponible para la realización del servicio contratado, ni tampoco elaboró el informe donde se dieran a conocer los resultados obtenidos y la forma de como los servicios contribuyeron al logro de los objetivos, lo que debió haberse entregado a la titular del CONACULTA y al Órgano Interno de Control.
La auditoría también reportó que la erogación fue con cargo a la partida restringida 33104 “Otras Asesorías para la Operación de Programas”, y para lo cual tampoco se cumplió con los requisitos consistentes en informar a la Dirección General de Presupuesto y Recursos Financieros de la SEP la descripción sucinta del objeto del contrato.
El monto que se le pagó al despacho del hijo de Rosario Castellanos por esta actividad supuestamente profesional ascendió a 2,041,600 pesos, cantidad que en total fue cobrada en ocho exhibiciones mensuales através de los instrumentos Cuentas por Liquidar Certificadas correspondientes. Es decir, ¡Conaculta pagó durante ocho meses para supuestos trabajos de cabildeo y mejoramiento de su imagen en La Conchita más de 250 mil pesos mensuales! Sí, más de un cuarto de millón de pesos mensuales, durante ocho meses.

Para este conjunto de anomalías administrativas, que en el contexto de las enormes irregularidades involucradas en la construcción de la librería Elena Garro representan tan sólo una pequeña parte, la ASF determinó la siguiente recomendación: "Ante el Órgano Interno de Control en el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión realizaron la contratación de los servicios profesionales con la empresa Guerra Castellanos y Asociados, S.A. de C.V., por 2,041.6 miles de pesos sin emitir el dictamen respecto de que no se contaba con personal del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes capacitado o disponible para la realización del servicio; no elaboraron el informe donde se diera a conocer como contribuyeron los servicios al logro de los objetivos de la institución, y no informaron a la Dirección General de Presupuesto y Recursos Financieros de la Secretaría de Educación Pública la descripción sucinta del objeto del contrato.

Sabemos que con esta recomendación no se tocará a la señora Sáizar y que las sanciones serán menores para los funcionarios involucrados; pero por algo se empieza y ahora esperamos que la Contraloría de Conaculta haga pronto su trabajo.

Independientemente que los instrumentos aplicados por la propias ASF no le permiten evaluar la calidad del trabajo del despacho de Guerra y Asociados (por cierto ahora registrado para hacer cabildeo en la Cámara de Diputados a favor de Televisa); consideramos que hay elementos para que también se le sancione. Parafraseando a Woody Allen: ¡Qué mal trabajo realiza; pero eso sí, cobra muy caro!