La Lucha Continúa

Un largo y sinuoso camino han tenido que recorrer los vecinos del Barrio de La Concepción en busca de justicia.

 El tortuoso litigio  sobre la librería Elena Garro de EDUCAL.

Los vecinos seguimos en pie de lucha, no nos han vencido, seguimos pugnando por la prevalencia de un estado de derecho.

Seguimos exigiendo justicia, seguimos denunciando la sistemática negación de justicia de la que hemos sido objeto.
 

En el año de 2010, los vecinos del Barrio de La Concepción de la Delegación Coyoacán, DF,
iniciamos un juicio contencioso administrativo en contra del uso de suelo concedido por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (SEDUVI) a favor de EDUCAL y de CONACULTA en el predio número 43 de la calle Fernández Leal.

El certificado de uso de suelo impugnado en juicio fue concedido de manera por demás irregular por la Secretaría de Desarrollo Social y Vivienda (SEDUVI) para permitirle a EDUCAL SA de CV la utilización de dicho predio en la categoría de equipamiento de servicios. Este acto es totalmente ilegal: de conformidad con el Programa Parcial aplicable, así como de innumerables disposiciones normativas y administrativas en la materia, a dicho inmueble le corresponde estrictamente un uso habitacional.

Después de más de dos años de ires y venires, de largos, sinuosos y complejos procesos judiciales, y en cumplimiento de la orden del Décimo Segundo Tribunal Colegiado, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del DF emitió una sentencia con fecha 12 de junio de 2012 en donde, finalmente, reconoció que el uso de suelo concedido a favor de EDUCAL SA de CV era ilegal y no tenía ninguna validez jurídica. El Tribunal Contencioso describió la irregularidad del otorgamiento del uso de suelo en la modalidad de equipamiento de servicios. También se pronunció en el sentido de que, en el proceso de toma de decisión de las autoridades administrativas, nunca se les dio la oportunidad de intervención a los vecinos, tal y como lo ordena la Ley de Desarrollo Urbano. Con estos errores y otros más en el uso de suelo, la sentencia del 12 de junio declaró la ilegalidad del uso para Librería, Restaurante y Auditorio, al mismo tiempo que ordenó el regreso del inmueble 43 de la calle Fernández Leal a su uso habitacional original.

CONACULTA, a pesar de que, conforme a sus propias declaraciones y alegatos, no tenía interés jurídico en el asunto y a pesar de que dicha institución ha insistido en innumerables ocasiones en no ser propietaria del inmueble –ya que éste pertenece a EDUCAL SA de CV- decidió acudir a un juicio de amparo para defender los intereses de esta empresa privada. Esto, sin ninguna explicación lógica o racional. Es absurdo tener a una institución pública defendiendo los intereses de un particular, utilizando fondos públicos y a funcionarios públicos del Estado para resguardar intereses privados de una empresa llamada EDUCAL SA de CV. Del juicio iniciado indebidamente por CONACULTA, tocó conocer al mismo Décimo Segundo Tribunal Colegiado, quien en noviembre de 2012, a sólo cinco meses después de haber dado la razón a los vecinos, ahora emitió una sentencia contraria a la que inicialmente había resuelto. Esta vez, validó el uso de suelo e hizo caso a los argumentos irregulares de CONACULTA. De acuerdo con el artículo 107 fracción V, inciso c) párrafo segundo de la Constitución, las autoridades federales (como CONACULTA) no pueden acudir en juicio de amparo si no es estrictamente para la defensa de sus intereses patrimoniales. En este asunto, nunca se vio arriesgado el patrimonio de CONACULTA, ya que la obra pertenece a EDUCAL SA de CV. Contrario a dicha norma constitucional, el Décimo Segundo Tribunal Colegiado la irrespetó y cambió el sentido de su postura en perjuicio de los habitantes del Barrio de La Concepción.

Los vecinos decidimos interponer la revisión del caso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación; sin embargo, ésta nos negó el conocimiento del tema por falta de importancia y de trascendencia, así como por falta de una supuesta interpretación constitucional, siendo que los vecinos alegaban la violación directa de CONACULTA y del Tribunal Colegiado al artículo 107 fracción V, inciso c) párrafo segundo de la Constitución General.

En resumen, hasta el día de hoy los vecinos del Barrio de La Conchita hemos venido soportando una constante denegación de justicia:

A.     Después de tres años de una lucha jurídica constante, las autoridades del Distrito Federal nos han negado una sentencia y, cuando por fin un Tribunal Federal Colegiado nos da la razón, ese mismo Tribunal, en tan sólo cinco meses, revoca su propia decisión.

B.     A pesar de que el CONACULTA y EDUCAL nunca tuvieron una resolución favorable, arbitrariamente continuaron la construcción e iniciaron la operación del inmueble cuestionado. Incluso, en junio de 2012 teniendo una resolución en firme a favor de los vecinos, nadie acató la decisión de frenar las obras en respeto de los derechos sociales y colectivos de los vecinos. Ni CONACULTA, ni EDUCAL SA de CV, ni la misma Delegación de Coyoacán. 

C.     Todo esto a pesar de que, además, la SEDUVI, mediante un dictamen de su propia área jurídica, reconoció las enormes irregularidades que cometió al momento de emitir el certificado de uso de suelo impugnado por los vecinos. 

D.     Sin que hubiera existido un nuevo pronunciamiento del Tribunal Colegiado, y sin haber resuelto aún en definitiva la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Librería de manera totalmente cuestionable aceleró de manera abrupta su terminación, y su administración procedió a su inmediata “inauguración” sin autorización de los Tribunales, en un claro “madruguete” típico del comportamiento de leguleyos al servicio de hampones y no de una empresa supuestamente cultural y al servicio de la ciudadanía. 

E.     Incluso, en el colmo del cinismo y complicidad, a dicha inauguración acudió el Delegado de Coyoacán, siendo que existía todavía una resolución judicial latente que estimaba ilegal el uso para equipamiento de servicios del inmueble y sin que la propia delegación hubiera extendido los permisos de operación requeridos por la ley. 

F.      Los vecinos presentamos un recurso de reclamación ante la Suprema Corte que tocó conocer a la Ministra Margarita Luna Ramos. Sin embargo, en dicho recurso la Corte confirmó su decisión de no entrar a resolver el fondo del asunto. 

Ante esta decisión de la Suprema Corte, los vecinos hemos iniciado un nuevo amparo directo con fundamento en la Nueva Ley de Amparo ante Tribunales Colegiados de Circuito en Materia Adminitrativa. Por una curiosa casualidad, de este nuevo amparo ha tocado conocer por tercera ocasión al mismo Décimo Segundo Tribunal Colegiado Administrativo, bajo el número de expediente 738/2013. Es interesante saber que quien resolverá este asunto, otra vez, será el magistrado Presidente de dicho Tribunal. 

El día de hoy, después de más de tres años de litigio, es evidente que existe una patente denegación de justicia y afectación a los derechos colectivos de los vecinos, derechos que se siguen dañando con el irregular funcionamiento del inmueble. 

En el transcurso de las próximas semanas, el Décimo Segundo Tribunal Colegiado resolverá el nuevo amparo interpuesto por los vecinos quienes, no sobra decirlo, conociendo como se las gasta la procuración de justicia en estas instancias, tenemos, todavía, la posibilidad de acudir nuevamente ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en busca de un estudio de fondo en el litigio. 

La lucha continúa; a pesar de todo todavía no existe una sentencia definitiva en este litigio; la librería Elena Garro sigue operando ilegalmente con la complicidad de las autoridades delegacionales y con un proceder irresponsable y contrario a la moral pública de las actuales autoridades de CONACULTA. Los vecinos de La Conchita seguiremos denunciando estas irregularidades y, no obstante todos los obstáculos que hemos enfrentado, seguimos confiando que tarde o temprano (bueno, más tarde que temprano) se nos hará justicia.

Atentamente

Vecinos del Barrio de La Concepción (La Conchita), Coyoacán. Septiembre de 2013