El Presupuesto Participativo en la Ciudad de México:

Orígenes, Demagogia y Contradicciones[1]

Jorge Martínez Stack

El Presupuesto Participativo (PP) en la Ciudad de México, implementado desde 2011, se presenta como un mecanismo de democracia directa que permite a los ciudadanos proponer y decidir sobre proyectos para mejorar sus colonias, barrios y pueblos originarios, utilizando un porcentaje del presupuesto de las alcaldías (actualmente el 4%). Si bien las autoridades lo promocionan como una herramienta de empoderamiento ciudadano, su diseño, implementación y narrativa oficial revelan un uso demagógico, limitaciones estructurales y contradicciones que cuestionan su eficacia y autenticidad.

En este trabajo, se analizan sus orígenes, el manejo político del programa, la suposición de que los ciudadanos siempre conocen mejor sus necesidades, el problema de los montos homogéneos y la contradicción con los Programas Operativos Anuales (POA) de las alcaldías.

Orígenes del Presupuesto Participativo: Una copia adaptada

El PP en la Ciudad de México no es una invención local, sino una adaptación de experiencias internacionales, particularmente del modelo pionero implementado en Porto Alegre, Brasil, en 1989. En Porto Alegre, el Partido de los Trabajadores impulsó el PP como un mecanismo para democratizar la asignación de recursos municipales, priorizando las necesidades de comunidades marginadas mediante asambleas abiertas y deliberativas. Este modelo se extendió por América Latina, inspirando programas en países como Argentina, Chile, Perú y Uruguay. En México, las primeras experiencias se registraron en municipios como Cuquío, Jalisco, y en delegaciones de la Ciudad de México (Tlalpan, Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo) desde 2001, aunque sin un diseño homogéneo ni continuidad.

La versión mexicana, regulada por la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal (2010) y posteriormente por la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México (2019), adoptó elementos del modelo brasileño, como la presentación de propuestas ciudadanas y la consulta popular, pero con diferencias clave: en Porto Alegre, las decisiones eran más vinculantes y las asambleas tenían un rol deliberativo central, mientras que en la Ciudad de México, las alcaldías y el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) mantienen un control significativo sobre la dictaminación, ejecución y vigilancia de los proyectos, limitando el poder ciudadano.

Uso demagógico del programa

El PP se promociona con un discurso pomposo que exalta la participación ciudadana como un pilar de la democracia local, con campañas como “Enchula tu Colonia” que buscan proyectar una imagen de inclusión y empoderamiento. Sin embargo, este discurso oculta un uso demagógico del programa, caracterizado por:

• Baja participación ciudadana: Entre 2011 y 2018, la afluencia a las consultas del PP fue extremadamente baja, lo que refleja un diseño institucional que no incentiva la participación masiva. Las facultades de las alcaldías en la dictaminación y ejecución de proyectos desalientan a los ciudadanos, quienes perciben que su voz tiene un impacto limitado.
• Manipulación política: Las autoridades han utilizado el PP para legitimar sus agendas, presentándolo como un logro democrático mientras mantienen el control sobre los resultados. Según Goldfrank (2006) y Bastida (2011), los presupuestos participativos son vulnerables a distorsiones políticas, burocráticas y financieras, y en la Ciudad de México, las alcaldías pueden rechazar proyectos ciudadanos bajo criterios técnicos o jurídicos poco transparentes, lo que permite priorizar sus propios intereses.
• Falta de seguimiento y rendición de cuentas: Aunque la Ley de 2019 introdujo comités ciudadanos de vigilancia, la ejecución de los proyectos sigue dependiendo de las alcaldías, y los ciudadanos tienen un rol secundario en la fiscalización. Esto genera desconfianza y refuerza la percepción de que el PP es más un ejercicio de imagen que una herramienta transformadora.

El discurso oficial exagera los beneficios del PP, ignorando estas limitaciones y presentándolo como una solución universal para las necesidades locales, lo que constituye una forma de demagogia que busca capitalizar políticamente la participación ciudadana sin garantizar resultados sustantivos.

La cuestionable suposición de que los ciudadanos conocen mejor sus necesidades

El PP parte de la premisa de que los ciudadanos, por vivir en sus comunidades, tienen un conocimiento privilegiado de las necesidades urgentes de su entorno. Si bien esta idea es atractiva, es cuestionable por varias razones:

• Falta de información técnica: Los ciudadanos no siempre cuentan con los conocimientos técnicos, financieros o normativos necesarios para proponer proyectos viables. Por ejemplo, un proyecto de infraestructura puede parecer prioritario, pero ignorar restricciones legales o ambientales, lo que lleva a su rechazo por los órganos dictaminadores. El IECM ofrece asesoría, pero esta es insuficiente para cerrar la brecha de conocimiento.
• Sesgos comunitarios: Las propuestas ciudadanas pueden reflejar intereses de grupos específicos (como líderes vecinales o sectores vocales) en lugar de necesidades colectivas. Esto puede marginar a comunidades menos organizadas o con menor acceso a las asambleas.
• Limitada deliberación: A diferencia de Porto Alegre, donde las asambleas fomentaban un debate profundo, en la Ciudad de México las Asambleas de Diagnóstico y Deliberación (ADyD) son más informativas que deliberativas, lo que reduce la capacidad de los ciudadanos para priorizar necesidades de manera informada y consensuada.

Esta suposición idealiza la capacidad de los ciudadanos para identificar y articular soluciones, ignorando las barreras estructurales y la necesidad de un acompañamiento técnico robusto.

Montos homogéneos: Una forma de demagogia

El PP asigna el 4% del presupuesto anual de cada alcaldía, dividido de manera igualitaria entre todas las colonias, pueblos y barrios originarios de la demarcación. Esta distribución homogénea es problemática y refuerza el carácter demagógico del programa:

• Ignora la diversidad socioeconómica: Las colonias de la Ciudad de México tienen necesidades y contextos muy distintos. Por ejemplo, una colonia marginada como Minas Polvorilla (Iztapalapa) requiere intervenciones más costosas (como drenaje o pavimentación) que una colonia de clase media como Polanco (Miguel Hidalgo), donde las prioridades pueden ser estéticas o recreativas. Los montos homogéneos no reflejan estas disparidades, limitando el impacto en comunidades con mayores carencias.
• Fomenta proyectos pequeños y fragmentados: Los montos asignados (por ejemplo, entre 200,000 y 500,000 pesos por unidad territorial, según el tamaño y las condiciones de la colonia) son insuficientes para proyectos estructurales. Esto lleva a propuestas de bajo impacto, como pintura de fachadas o colocación de luminarias, que las autoridades pueden exhibir como “éxitos” sin abordar problemas de fondo.
• Percepción de igualdad engañosa: La distribución igualitaria se presenta como una medida de justicia, pero en realidad perpetúa inequidades al no considerar factores como la población, la pobreza multidimensional o la incidencia delictiva. Desde 2022, el 50% del presupuesto se reparte proporcionalmente según estos criterios, pero el otro 50% sigue siendo homogéneo, lo que diluye el potencial transformador del programa.

Esta política de montos homogéneos es demagógica porque proyecta una falsa equidad, mientras que en la práctica restringe la capacidad de las comunidades más necesitadas para financiar proyectos significativos.

Contradicción entre el POA y las propuestas ciudadanas

Una de las contradicciones más evidentes del PP es su relación con el Programa Operativo Anual (POA) de las alcaldías, que establece las prioridades presupuestales de cada demarcación. El POA, diseñado por las autoridades con base en diagnósticos técnicos y políticos, a menudo entra en conflicto con las propuestas ciudadanas del PP:

• Prioridades divergentes: Los proyectos del PP, al ser definidos por los ciudadanos, pueden no alinearse con las metas del POA, que responde a una visión administrativa más amplia. Por ejemplo, una colonia puede proponer un parque recreativo, pero el POA podría priorizar infraestructura hidráulica. Las alcaldías, al dictaminar la viabilidad de los proyectos, suelen rechazar aquellos que no encajan con el POA, lo que limita la autonomía ciudadana.
• Duplicidad o redundancia: Algunos proyectos del PP coinciden con obras ya previstas en el POA (como reparación de banquetas o alumbrado), lo que genera una percepción de ineficiencia o manipulación, ya que las autoridades pueden atribuirse el crédito por iniciativas ciudadanas.
• Falta de integración: No existe un mecanismo formal para integrar las propuestas del PP en la planeación del POA, lo que refuerza la desconexión entre los ejercicios participativos y las políticas públicas de las alcaldías. Esto contradice el espíritu del PP, que busca que las decisiones ciudadanas tengan un impacto real en la gestión municipal.

Esta contradicción evidencia que el PP opera como un ejercicio paralelo, con un impacto limitado en la planeación estratégica de las alcaldías, lo que refuerza su carácter simbólico más que transformador.

Otros problemas estructurales o de diseño

Además de los puntos anteriores, el PP enfrenta otras limitaciones que alimentan su carácter demagógico:

• Burocratización: El proceso de registro, dictaminación y ejecución de proyectos es complejo y depende de órganos técnico-administrativos (como los Órganos Dictaminadores de las alcaldías), lo que desalienta la participación de ciudadanos sin experiencia en trámites gubernamentales.
• Falta de continuidad: Muchos proyectos ganadores no se ejecutan en el tiempo establecido o quedan inconclusos debido a problemas presupuestales o administrativos, lo que frustra a las comunidades y reduce la confianza en el programa.
• Desigualdad en la participación: Las colonias con mayor organización social o acceso a recursos (como asesoría técnica) tienden a presentar mejores proyectos, mientras que las comunidades marginadas enfrentan barreras para participar efectivamente, perpetuando desigualdades.

Colofón

El Presupuesto Participativo en la Ciudad de México, inspirado en el modelo de Porto Alegre, se ha convertido en un instrumento más simbólico que transformador. Su promoción como una herramienta de empoderamiento ciudadano encubre un uso demagógico, donde las autoridades capitalizan la narrativa de la participación sin garantizar un impacto sustantivo. La suposición de que los ciudadanos siempre conocen mejor sus necesidades ignora las barreras técnicas y sociales que limitan su participación. La asignación de montos homogéneos perpetúa inequidades al no considerar las disparidades entre colonias, mientras que la contradicción con el POA evidencia la desconexión entre las propuestas ciudadanas y la planeación oficial. Para que el PP cumpla su promesa democrática, sería necesario reformar su diseño institucional, fortalecer la capacitación ciudadana, garantizar una distribución equitativa de recursos y alinear las propuestas con los planes estratégicos de las alcaldías, evitando que siga siendo un ejercicio demagógica y superficial solo para el manejo de la imagen política de autoridades y burócratas.

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[1] Este trabajo fue elaborado con el apoyo en diversas consultas a la plataforma de IA de “X”, Grok, realizadas entre el 27 y 29 de abril de 2025.

 

En México quién o qué autoridad puede o tiene la facultad de 

prohibir música?[1]                                                                                                                                             

En México, ninguna autoridad tiene la facultad expresa de prohibir música de manera general o absoluta, ya que la libertad de expresión está protegida por el Artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sin embargo, existen casos específicos en los que ciertas autoridades pueden imponer restricciones o regulaciones relacionadas con la difusión de música, bajo circunstancias particulares:

1. Autoridades municipales o estatales:

• En algunos estados o municipios, como en Sinaloa o Chihuahua, se han emitido acuerdos o decretos locales para restringir la reproducción de ciertos géneros musicales, como los narcocorridos, en espacios públicos o eventos privados, argumentando que pueden promover la violencia o el crimen organizado. Estas medidas suelen basarse en leyes locales de orden público o prevención del delito, pero no son prohibiciones totales de la música en sí, sino limitaciones en contextos específicos.
• Ejemplo: En 2023, el gobierno de Sinaloa prohibió la interpretación de narcocorridos en bares, restaurantes y eventos públicos, con multas para quienes incumplieran

1. Secretaría de Gobernación (SEGOB):
• A nivel federal, la SEGOB, a través de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía (RTC), regula contenidos en medios de comunicación. Puede emitir lineamientos para evitar la difusión de contenido que se considere contrario a la moral, incite a la violencia o vulnere derechos, pero esto aplica más a medios tradicionales (radio y TV) que a música en general.
• 
  

• Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR):

• En casos de violación de derechos de autor, el INDAUTOR puede intervenir para suspender la distribución o reproducción de una obra musical, pero esto no equivale a una prohibición cultural o artística, sino a una medida legal por propiedad intelectual.
• 
  
• Poder Judicial:
• Un juez podría ordenar la suspensión de la difusión de una pieza musical si se determina que viola derechos fundamentales, como en casos de difamación, incitación al odio o violencia explícita, pero esto sería excepcional y requeriría un proceso legal.
• 
  
• Limitaciones:

1. Las restricciones suelen ser locales y no nacionales.
2. Cualquier intento de prohibición debe respetar la libertad de expresión, y medidas excesivas podrían ser impugnadas ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por inconstitucionalidad.
3. Organismos como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) pueden intervenir si consideran que una prohibición vulnera derechos.

• Conclusión provisional

No existe una autoridad con poder general para prohibir música en México, pero ciertas regulaciones locales o medidas específicas pueden limitar su difusión en contextos particulares, siempre sujetas a los límites constitucionales.

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[1] Notas elaboradas con base en consultas a la plataforma IA Grek (abril de 2025),

 

Las ingenierías en el sistema educativo superior mexicano que pudieran responder a necesidades específicas y actuales de la sociedad

 

Educación y necesidades sociales (¿emergentes?)

México enfrenta necesidades críticas en múltiples sectores que reflejan los retos de una sociedad en transformación, marcada por la búsqueda de seguridad, desarrollo económico y sostenibilidad.

Por ejemplo:

·      En seguridad pública, la persistente violencia, con un aumento del 15% en delitos de alto impacto entre 2018 y 2023 (INEGI), demanda sistemas tecnológicos avanzados, como redes de videovigilancia con inteligencia artificial y bases de datos integradas, que aún no son plenamente atendidos por el sistema educativo.
·        En el ámbito militar, la dependencia de tecnología extranjera para defensa subraya la necesidad de formar ingenieros especializados en ciberdefensa y sistemas autónomos, mientras que la producción de armas, restringida al ámbito militar, requiere innovación para fortalecer la soberanía tecnológica sin alimentar mercados ilícitos.
·        La aeronáutica, un sector estratégico con exportaciones de 9,500 millones de USD en 2023 (FEMIA), necesita más profesionales en diseño y fabricación para consolidar a México como hub global, pero la oferta educativa es limitada.
·        En procesos aduaneros, el comercio internacional, impulsado por el T-MEC, exige expertos en logística y automatización para agilizar operaciones en un país que exporta 475,000 millones de USD anuales (Banco Mundial).
·        La industria de alimentos, pilar del 3.5% del PIB, enfrenta el reto de garantizar seguridad alimentaria y reducir el desperdicio del 30% de la producción (FAO), demandando avances en procesamiento y conservación.
·        La productividad agrícola y la agronomía son vitales ante la escasez de agua (70% destinada al campo, CONAGUA) y el cambio climático, requiriendo tecnologías como agricultura de precisión para apoyar al 60% de los alimentos producidos localmente (SADER).
·        La industria farmacéutica, con un mercado de 20,000 millones de USD, necesita innovación en biofarmacéuticos para disminuir la importación del 80% de principios activos (ProMéxico) y garantizar acceso a medicamentos.
·        En comunicaciones y transporte, la brecha digital y la conectividad rural persisten, mientras que proyectos como el Tren Maya destacan la importancia de ingenieros en logística y movilidad.
·        Las vías férreas y carreteras requieren modernización para soportar el crecimiento económico, con una inversión pública en infraestructura que alcanzó los 1.2 billones de pesos en 2023 (SCT).
·        La producción de energías limpias es urgente para cumplir metas climáticas, pero México genera solo el 10% de su electricidad de fuentes renovables (SENER), necesitando expertos en solar, eólica y almacenamiento.
·        Finalmente, las exploraciones marítimas petroleras, clave para el 7% del PIB (PEMEX), demandan innovación para equilibrar extracción con sostenibilidad en un contexto de transición energética.

Estas necesidades, diversas pero interconectadas, requieren una educación superior que forme profesionales capaces de innovar y responder a los desafíos de un México que aspira a ser más seguro, productivo y sostenible.

En el presente texto hemos tratado de analizar cada una de las áreas mencionadas, con base en la información disponible sobre la oferta educativa en México, para determinar si existen programas específicos y cómo sería posible alinearlas con las demandas sociales[1].

1. Ingeniería en diseño de sistemas de seguridad pública

Existencia: No existe una licenciatura titulada explícitamente como "Ingeniería en Diseño de Sistemas de Seguridad Pública" en las universidades mexicanas. Sin embargo, hay programas relacionados que abordan aspectos de seguridad desde enfoques técnicos e ingenieriles:

• Ingeniería en Computación y Tecnologías de la Información: Universidades como el IPN, la UNAM y el ITESM ofrecen programas que incluyen asignaturas sobre ciberseguridad, gestión de datos y sistemas de información, los cuales pueden aplicarse al diseño de sistemas para la seguridad pública (por ejemplo, plataformas de monitoreo o análisis de datos para prevención del delito).
• Ingeniería en Sistemas Computacionales: En instituciones como la UAM o la UANL, se forman profesionales capaces de desarrollar software y sistemas tecnológicos que podrían adaptarse a necesidades de seguridad pública, como sistemas de videovigilancia o inteligencia artificial para análisis predictivo.
• Maestrías y posgrados: Existen programas especializados, como la Maestría en Seguridad Informática del IPN o la Maestría en Ciberseguridad de la Universidad Autónoma de Guadalajara, que podrían enfocarse en sistemas tecnológicos para la seguridad.

Relación con necesidades sociales: La seguridad pública es una prioridad en México, con un aumento del 15% en delitos de alto impacto entre 2018 y 2023 (según datos del INEGI). La falta de una ingeniería específica refleja que estas necesidades suelen ser cubiertas por disciplinas más generales como la ingeniería en computación o electrónica, pero la demanda de sistemas integrados (por ejemplo, redes de cámaras con IA o bases de datos para rastreo delictivo) sugiere una oportunidad para crear programas más enfocados.

 2. Ingeniería militar y producción de armas

Existencia:

• Ingeniería Militar: La Escuela Militar de Ingenieros (dependiente de la SEDENA) ofrece licenciaturas específicas para formar ingenieros militares, incluyendo:
• Ingeniería en Construcción Militar.
• Ingeniería Industrial Militar (con especialidades en Mecánica, Eléctrica y Química).
• Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica.
• Ingeniería en Computación e Informática. Estas carreras, exclusivas para personal militar, combinan formación técnica con aplicaciones castrenses y están diseñadas para satisfacer necesidades del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.
• Producción de armas: No existe una licenciatura en México titulada "Ingeniería en Producción de Armas", pero la Industria Militar Mexicana (bajo la SEDENA) capacita a ingenieros militares en la fabricación y mantenimiento de armamento. Por ejemplo, la Fábrica de Armas de la SEDENA produce fusiles y pistolas, y los ingenieros industriales militares participan en estos procesos. La capacitación es interna y no está disponible en universidades civiles.
• Ciberseguridad y ciberdefensa: La Escuela Militar de Ingenieros imparte una Maestría en Ciberseguridad y Ciberdefensa, enfocada en proteger infraestructuras críticas y enfrentar amenazas cibernéticas, lo que es relevante para la seguridad nacional.

Relación con necesidades sociales: La producción de armas es un tema sensible en México debido al contexto de violencia y crimen organizado. La SEDENA ha modernizado su industria militar, con 35 patentes registradas en los últimos años, pero el enfoque está en el uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, no en el mercado comercial. La formación de ingenieros militares es estratégica para la soberanía tecnológica, aunque limitada al ámbito castrense. La ciberseguridad, por su parte, responde a una necesidad creciente, ya que México fue el tercer país más atacado por ransomware en América Latina en 2023 (según Kaspersky).

3. Ingeniería aeronáutica

Existencia:

• Ingeniería Aeronáutica: Sí existe en México, aunque es una carrera con oferta limitada. Instituciones como el IPN (a través de la ESIME Ticomán) y la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) ofrecen la Licenciatura en Ingeniería Aeronáutica, enfocada en el diseño, mantenimiento y operación de aeronaves.
• Ingeniería Aeroespacial: Algunas universidades, como la UPAEP (Puebla) y la UNAQ (Universidad Aeronáutica en Querétaro), imparten esta carrera, que incluye aspectos de aeronáutica y tecnología espacial. La UNAQ es particularmente relevante, ya que está ubicada en un clúster aeroespacial en Querétaro, donde operan empresas como Bombardier y Airbus.
• Formación militar: La Escuela Militar de Aviación y el Colegio del Aire ofrecen cursos técnicos relacionados con aeronáutica para la Fuerza Aérea, pero no son licenciaturas abiertas al público civil.

Relación con necesidades sociales: México es un hub importante en la industria aeroespacial, siendo el 14° exportador mundial de partes aeronáuticas (con exportaciones por 9,500 millones de USD en 2023, según la FEMIA). La formación de ingenieros en esta área es clave para mantener la competitividad en un sector que genera 60,000 empleos directos. Sin embargo, la oferta educativa es limitada en comparación con la demanda, y la mayoría de los egresados se concentran en manufactura más que en diseño innovador, lo que podría ser una oportunidad para expandir programas.

 4. Ingeniería de procesos aduaneros

Existencia: No existe una carrera titulada "Ingeniería en Procesos Aduaneros" en el sistema educativo mexicano. Sin embargo:

• Ingeniería en Logística y Transporte: Universidades como la UANL, el ITESM y la UP ofrecen esta carrera, que incluye asignaturas sobre cadenas de suministro, comercio internacional y gestión aduanera. Por ejemplo, el plan de estudios del ITESM cubre aspectos normativos de comercio exterior y procesos logísticos en puertos y aduanas.
• Licenciaturas relacionadas: Programas como Comercio Internacional (UNAM, IPN) o Administración Aduanera (algunas universidades privadas) abordan procesos aduaneros, pero desde una perspectiva administrativa más que ingenieril.
• Capacitación técnica: Instituciones como el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ofrecen cursos especializados para profesionales en aduanas, pero no son equivalentes a una ingeniería.

Relación con necesidades sociales: Los procesos aduaneros son críticos para la economía mexicana, dado que el país es el 12° exportador mundial (con 475,000 millones de USD en exportaciones en 2023, según el Banco Mundial). La modernización de aduanas, impulsada por tratados como el T-MEC, requiere profesionales con conocimientos técnicos en logística y automatización, pero la ausencia de una ingeniería específica sugiere que estas necesidades se cubren con programas más amplios, lo cual podría limitar la especialización.

5. Ingeniería de alimentos

Existencia:

• Ingeniería en Alimentos: Es una carrera consolidada en México, ofrecida por universidades como la UNAM, el IPN, la UAM, la Universidad de Guadalajara y la Universidad Autónoma de Querétaro. Se enfoca en el diseño, procesamiento y conservación de alimentos, así como en la inocuidad y calidad.
• Ingeniería Agroindustrial: Algunas instituciones, como la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y la UDLAP, ofrecen esta carrera con un itinerario en industrias alimentarias, abordando la transformación de materias primas en productos terminados.
• Carreras afines: La Ingeniería Química (UNAM, ITESM) también incluye especializaciones en tecnología de alimentos.

Relación con necesidades sociales: La industria alimentaria es un pilar económico, contribuyendo con el 3.5% del PIB (según INEGI, 2023). La demanda de alimentos procesados, funcionales y sostenibles ha crecido, especialmente tras la pandemia, y México enfrenta retos como la seguridad alimentaria y la reducción de desperdicios (30% de los alimentos producidos se desechan, según la FAO). Esta ingeniería responde directamente a estas necesidades, con egresados que trabajan en empresas como Nestlé, Grupo Bimbo y en el desarrollo de productos innovadores.

 6. Ingeniería en productividad en el campo (agricultura)

Existencia:

• Ingeniería Agrónoma: Es una de las carreras más tradicionales, ofrecida por universidades como la Universidad Autónoma Chapingo, la UNAM (ENES), la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro y muchas universidades estatales. Se enfoca en la producción agrícola, manejo de suelos, fitotecnia y sostenibilidad.
• Ingeniería en Agrobiotecnología: Algunas instituciones, como la UANL y la Universidad Autónoma de Chiapas, ofrecen esta carrera, que combina agronomía con biotecnología para mejorar cultivos y productividad.
• Ingeniería en Recursos Naturales Renovables: Programas como el de la Universidad de Guadalajara abordan la gestión sostenible de recursos agrícolas.
• Ingeniería Agroindustrial: Incluye aspectos de productividad al optimizar procesos agrícolas y pos-cosecha.

Relación con necesidades sociales: La agricultura mexicana enfrenta desafíos como el cambio climático, la escasez de agua (70% del agua se usa en agricultura, según CONAGUA) y la baja productividad en pequeños productores. Los ingenieros agrónomos y afines son esenciales para introducir tecnologías como la agricultura de precisión, semillas mejoradas y sistemas de riego eficiente, aunque la adopción de estas innovaciones es lenta en el sector rural, donde el 40% de los productores aún usa métodos tradicionales (según la SADER).

 7. Ingeniería en la industria farmacéutica

Existencia:

• Ingeniería Farmacéutica: Aunque menos común que otras ingenierías, existe en universidades como la UAM (Unidad Iztapalapa), donde se ofrece la Licenciatura en Ingeniería en Procesos Biofarmacéuticos, enfocada en el diseño y producción de medicamentos.
• Ingeniería Química con especialidad farmacéutica: La UNAM, el IPN y el ITESM ofrecen Ingeniería Química con materias electivas en procesos farmacéuticos, como formulación de medicamentos y control de calidad.
• Ingeniería en Biotecnología: Universidades como la UPAEP, la UANL y el IPN forman profesionales que pueden trabajar en el desarrollo de biofarmacéuticos y vacunas.

Relación con necesidades sociales: La industria farmacéutica en México genera un mercado de 20,000 millones de USD (según CANIFARMA, 2023) y es clave para la salud pública, especialmente tras la pandemia de COVID-19, que destacó la necesidad de producir medicamentos y vacunas localmente. Los ingenieros en esta área son fundamentales para innovar en procesos de producción y garantizar el acceso a medicamentos genéricos, aunque la dependencia de insumos importados (80% de los principios activos, según ProMéxico) limita el impacto.

8. Agronomía (como disciplina independiente)

Existencia:

• Como se mencionó, la Ingeniería Agrónoma es ampliamente ofrecida en México, con programas en la Universidad Autónoma Chapingo (considerada líder en América Latina), la UAAAN, la UNAM y universidades estatales.
• Especialidades: Incluyen fitotecnia, zootecnia, suelos, irrigación y agroecología, dependiendo de la institución.
• Carreras relacionadas: La Ingeniería en Horticultura (Universidad de Sonora) y la Ingeniería en Biosistemas (ITESM) también abordan aspectos agronómicos.

Relación con necesidades sociales: La agronomía es vital para la seguridad alimentaria, ya que México produce el 60% de los alimentos que consume (según la SADER). Los agrónomos trabajan en mejorar rendimientos agrícolas, enfrentar plagas y promover prácticas sostenibles, pero la migración rural y la falta de financiamiento para pequeños productores (solo el 15% accede a créditos, según el INE) son obstáculos para maximizar su impacto.

Ingenierías y necesidades sociales

El sistema educativo superior mexicano sí ofrece ingenierías o carreras relacionadas con la las áreas descritas. A continuación, resumo la situación:

1. Áreas con oferta sólida:
• Alimentos, agronomía y productividad agrícola: Las ingenierías en Alimentos, Agrónoma y Agroindustrial están bien establecidas y responden a necesidades críticas como la seguridad alimentaria y la sostenibilidad.
• Industria farmacéutica: Aunque menos común, la Ingeniería en Procesos Biofarmacéuticos y la Biotecnología cubren esta área, con potencial para crecer ante la demanda de medicamentos.
• Aeronáutica: Existe, pero la oferta es limitada frente a la importancia del sector aeroespacial.
2. Áreas con oferta parcial o derivada:
• Seguridad pública y procesos aduaneros: No hay ingenierías específicas, pero disciplinas como Ingeniería en Computación, Logística y Comercio Internacional cubren aspectos relevantes. La falta de programas especializados refleja una brecha en la formación para estas necesidades.
• Productividad en el campo: Aunque la Ingeniería Agrónoma es relevante, podría beneficiarse de mayor énfasis en tecnologías modernas como la agricultura 4.0.
3. Áreas restringidas:
• Militar y producción de armas: Estas ingenierías están limitadas al ámbito militar (SEDENA), con acceso exclusivo para personal castrense, lo que restringe su disponibilidad para civiles. La producción de armas, en particular, no tiene equivalente en universidades públicas o privadas debido a su naturaleza estratégica.

Necesidades percibidas no completamente atendidas:

• Seguridad pública: La falta de ingenierías enfocadas en sistemas integrales de seguridad (por ejemplo, diseño de redes de monitoreo o IA para prevención del delito) es una brecha significativa, dado el contexto de inseguridad.
• Procesos aduaneros: La globalización y el comercio internacional exigen profesionales con formación técnica específica, pero la oferta actual es más administrativa que ingenieril.
• Innovación militar y tecnológica: La dependencia de tecnología extranjera en defensa y seguridad limita el desarrollo de programas civiles que podrían complementar los esfuerzos militares.
• Productividad y sostenibilidad: Aunque existen carreras relevantes, la adopción de tecnologías avanzadas en el campo y la industria es lenta, lo que requiere una actualización de los planes de estudio.

Otra conclusión preliminar

El sistema educativo superior mexicano cuenta con ingenierías que cubren, de manera directa o indirecta, la mayoría de las áreas mencionadas, como alimentos, agronomía, aeronáutica, industria farmacéutica y, en el ámbito militar, seguridad y producción de armas. Sin embargo, no existen programas específicos para el diseño de sistemas de seguridad pública ni para procesos aduaneros, y las ingenierías militares están restringidas al ámbito castrense. Estas brechas reflejan oportunidades para desarrollar nuevas carreras o especializaciones que respondan mejor a las necesidades sociales actuales, como la inseguridad, la modernización del comercio y la innovación tecnológica.

 

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[1] Este análisis se elaboró con el soporte de Grok, una inteligencia artificial desarrollada por xAI, consultada el 13 de abril de 2025.

 

Análisis de la relación entre las licenciaturas en ingeniería en México, su vinculación con el sector productivo, la alta tecnología, la innovación y su contribución al desarrollo de México

 

El análisis de la relación de las licenciaturas en ingeniería en México, junto con su vinculación con el sector productivo, la alta tecnología, la innovación, así como su contribución al desarrollo del país es evidentemente un tema complejo que requiere considerar datos estadísticos, tendencias del mercado laboral y el impacto económico y social de estas disciplinas.

En este ejercicio presento un análisis general organizado en torno a varias cuestiones que considero importantes basado en la información disponible y estructurado en torno a una serie de puntoso o preguntas clave[1].

1. Sobre el contexto de las licenciaturas en ingeniería en México

México tiene una amplia oferta de programas de ingeniería en su sistema de educación superior. Según datos de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), en el ciclo escolar 2020-2021, había aproximadamente 4.98 millones de estudiantes matriculados en educación superior, de los cuales un porcentaje significativo (alrededor del 21.3%) se encontraba en carreras relacionadas con ingeniería y manufactura. Además, se reportaron 855,731 egresados de ingeniería en el mismo período, lo que posiciona a México como el sexto país con mayor número de ingenieros graduados a nivel mundial.

Sin embargo, es importante hacer notar la enorme diversidad de programas. Por ejemplo, la Academia de Ingeniería de México identifica más de 30 tipos de licenciaturas en ingeniería, incluyendo disciplinas tradicionales como Ingeniería Civil, Mecánica, Eléctrica e Industrial, y otras más especializadas como Biotecnología, Mecatrónica, Aeronáutica, Automotriz, Innovación, Sustentabilidad, y Tecnologías de la Información.

Es posible ver que esta proliferación refleja tanto la respuesta de los programas encargados de la formación de ingenieros y su adaptación a necesidades específicas del mercado, así como una posible dispersión en la calidad y pertinencia de los programas.

2. Relación de las ingenierías con el sector productivo, alta tecnología e innovación

Para evaluar cuántos de estos títulos se relacionan con el sector productivo, la alta tecnología y la innovación, podemos clasificar las ingenierías en función de su aplicación en industrias clave y su alineación con tendencias tecnológicas globales. A continuación, se identifican las categorías más relevantes:

a) Ingenierías vinculadas al sector productivo

El sector productivo en México está dominado por industrias como la manufactura, la automotriz, la aeroespacial, la electrónica y la energía. Las ingenierías más directamente relacionadas incluyen:

• Ingeniería Industrial: Es una de las más demandadas, con un enfoque en optimización de procesos y productividad. Según el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), representa una de las carreras con mayor empleabilidad en el sector industrial, con un impacto significativo en la estandarización y calidad de la producción.
• Ingeniería Mecánica y Electromecánica: Clave para la manufactura y mantenimiento de maquinaria en sectores como el automotriz y el metalmecánico.
• Ingeniería Automotriz: México es uno de los principales productores de vehículos a nivel mundial, y esta ingeniería responde a la demanda de empresas como Ford, General Motors y, más recientemente, Tesla.
• Ingeniería Química y de Alimentos: Relevante para la industria alimentaria y farmacéutica, sectores que contribuyen significativamente al PIB.

Estas ingenierías tienen una alta tasa de absorción en el mercado laboral, especialmente en regiones industriales como Bajío, Nuevo León y la frontera norte. Según el INEGI, el 16.5% de los jóvenes ocupados en México se desempeña en actividades técnicas o profesionales relacionadas con estas áreas, aunque la vinculación con el sector productivo podría mejorar mediante una mayor coordinación entre universidades y empresas.

b) Ingenierías de alta tecnología

Las ingenierías de alta tecnología se asocian con sectores como las tecnologías de la información (TI), la inteligencia artificial (IA), la ciberseguridad, la nube híbrida, la robótica y la electrónica avanzada. Las más relevantes incluyen:

• Ingeniería en Computación e Informática: México es el tercer exportador mundial de servicios de TI, superado solo por India y Filipinas. Esta ingeniería es clave para el desarrollo de software y aplicaciones, con un crecimiento proyectado debido a la demanda de empresas como Amazon Web Services, que invertirá en centros de datos en Querétaro.
• Ingeniería en Mecatrónica: Combina mecánica, electrónica e informática, siendo fundamental para la automatización industrial y la Industria 4.0.
• Ingeniería en Electrónica y Comunicaciones: Esencial para la producción de dispositivos como teléfonos inteligentes, televisores y equipo médico, donde México es un hub estratégico.
• Ingeniería en Biotecnología: Aunque en desarrollo, tiene potencial en biofarmacéutica y agricultura de precisión, sectores con creciente inversión.

Estas disciplinas están alineadas con las tendencias de innovación global, pero enfrentan retos como la baja inversión en investigación y desarrollo (I+D), que en México es de apenas el 0.3% del PIB, comparado con el promedio de 2.5% de la OCDE.

c) Ingenierías enfocadas en procesos relacionados con la innovación

Las ingenierías explícitamente diseñadas para la innovación, como la Ingeniería en Innovación (ofrecida por universidades como la UVM), buscan formar profesionales capaces de crear soluciones disruptivas combinando tecnología, creatividad y sostenibilidad. Sin embargo, su impacto real depende de la calidad del programa y su vinculación con ecosistemas de emprendimiento.

Otras ingenierías innovadoras incluyen:

• Ingeniería en Sustentabilidad: Responde a la demanda de soluciones para el cambio climático y la gestión de recursos, aunque su adopción en el sector productivo es aún limitada.
• Ingeniería Aeroespacial: México exporta partes y estructuras de aviones, pero el desarrollo de tecnología propia es incipiente.
• Ingeniería en Nanotecnología y Materiales: Tiene aplicaciones en salud, energía y manufactura, pero requiere mayor inversión para escalar.

En el Índice Mundial de Innovación 2023, México se ubicó en el puesto 58 a nivel global y tercero en América Latina, lo que refleja un avance regional pero también limitaciones en infraestructura y políticas públicas para la innovación.

3. Contribución al desarrollo del país

Para determinar si estas ingenierías contribuyen significativamente al desarrollo de México, consideremos varios indicadores:

a) Impacto económico

• Exportaciones tecnológicas: México es un líder en la exportación de productos de alta tecnología, como computadoras, dispositivos electrónicos y equipo médico. Las ingenierías en Electrónica, Computación y Automotriz son fundamentales para sostener esta posición.
• Generación de empleo: Según el Observatorio Laboral, las ingenierías mejor remuneradas (como Automotriz, Química y Aeronáutica) ofrecen salarios de entre 17,000 y 36,000 pesos mensuales, lo que mejora la calidad de vida y fortalece la economía.
• Proyectos estratégicos: Grandes iniciativas como el Plan Sonora, el Corredor Interoceánico y la refinería Dos Bocas dependen de ingenieros en Energía, Logística y Construcción, lo que demuestra su relevancia para el desarrollo infraestructura.

b) Innovación y competitividad

• Limitaciones en I+D: A pesar del alto número de egresados, la baja inversión en I+D limita la creación de tecnología propia. México depende en gran medida de empresas extranjeras para el desarrollo tecnológico, lo que reduce el impacto innovador de sus ingenieros.
• Ecosistema de innovación: La formación de talento en áreas como ciberseguridad, desarrollo de software y diseño de UX es crucial para cerrar brechas digitales, pero requiere fortalecer la colaboración entre universidades, empresas y gobierno.

c) Desafíos sociales y ambientales

• Ingenierías verdes: Disciplinas como Ingeniería Ambiental y en Sustentabilidad buscan abordar problemas como la escasez de agua y el cambio climático, pero su impacto es limitado por la falta de políticas públicas coherentes.
• Brecha digital: Proyectos como “Internet para todos” destacan la necesidad de ingenieros en Telecomunicaciones para garantizar acceso universal, lo que tiene un impacto directo en la equidad social.

d) Desafíos en el mercado laboral

• Subutilización de talento: A pesar de que México produce más de 800,000 ingenieros, la industria nacional no siempre absorbe este talento debido a la falta de inversión en sectores de alta tecnología como semiconductores y automatización. Muchos ingenieros terminan trabajando en áreas no relacionadas o emigrando a mercados como EE.UU. y Canadá, donde los salarios son más competitivos (hasta 28% más altos para desarrolladores de software).
• Brecha de género y diversidad: Aunque las mujeres representan el 22% de los estudiantes de Ingeniería Industrial, su participación en otras ramas es menor, lo que limita la diversidad en la fuerza laboral técnica.

4. Una mirada crítica

No todas las licenciaturas en ingeniería contribuyen por igual al sector productivo, la alta tecnología o la innovación:

• Alta relevancia: Ingenierías como Computación, Mecatrónica, Electrónica, Industrial y Automotriz tienen una conexión directa con industrias clave y demandas del mercado global. Su contribución al PIB y al empleo es significativa, pero está más enfocada en la ejecución que en la creación de tecnología propia.
• Relevancia emergente: Disciplinas como Biotecnología, Nanotecnología y Sustentabilidad tienen un potencial transformador, pero su impacto es limitado por la falta de infraestructura y financiamiento.
• Relevancia cuestionable: Algunas ingenierías muy especializadas o con baja demanda (como Ingeniería Textil o ciertas ramas de Ingeniería Agrícola) pueden no estar alineadas con las prioridades actuales del país, lo que genera egresados subempleados.

La proliferación de tipos de ingeniería responde a una combinación de necesidades reales y estrategias de mercado de las universidades. Sin embargo, la falta de vinculación efectiva entre la academia y la industria, junto con la baja inversión en I+D, significa que el potencial de los ingenieros mexicanos no se aprovecha plenamente. Por ejemplo, mientras México produce talento suficiente para competir en áreas como semiconductores, la ausencia de inversión en estas tecnologías limita el desarrollo local.

5. Una primera conclusión

De las más de 30 licenciaturas en ingeniería ofrecidas en México, aproximadamente 10-12 (como Computación, Electrónica, Mecatrónica, Industrial, Automotriz, Química, entre otras) tienen una relación directa con el sector productivo y la alta tecnología, contribuyendo significativamente a la economía a través de exportaciones, empleo y proyectos estratégicos. Sin embargo, solo unas pocas, como Ingeniería en Computación y Mecatrónica, están fuertemente vinculadas a la innovación debido a su alineación con tendencias como la IA, la automatización y la Industria 4.0.

Estas ingenierías impulsan el desarrollo del país, pero su impacto está limitado por:

1. Baja inversión en I+D, que frena la creación de tecnología propia.
2. Descoordinación entre universidades y empresas, lo que resulta en egresados con habilidades desfasadas.
3. Dependencia de inversión extranjera, que prioriza la manufactura sobre la innovación local.

Para maximizar la contribución de las ingenierías, México debería:

• Incrementar la inversión en I+D al menos al 1% del PIB en los próximos 5 años.
• Fomentar programas de vinculación academia-industria, como pasantías y proyectos conjuntos.
• Priorizar la formación en áreas STEM emergentes, como ciberseguridad y biotecnología.
• Diseñar políticas públicas que incentiven la innovación local y reduzcan la fuga de talento.

En resumen, aunque las ingenierías mexicanas tienen un impacto positivo, su potencial para transformar el país está subutilizado. Una estrategia nacional enfocada en innovación y tecnología podría cambiar esta narrativa, convirtiendo a México en un líder regional en desarrollo tecnológico.

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[1] El análisis sobre la pertinencia de las licenciaturas en ingeniería en México fue elaborado con el soporte de Grok, una inteligencia artificial desarrollada por xAI, que permitió procesar datos estadísticos y tendencias del sector educativo y productivo (Grok, xAI, consultado en abril de 2025).

 

¿Cuándo es posible hablar de desapariciones forzadas? (1)

                                 Jorge Martínez Stack                                                                       

Según la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas (adoptada por la ONU en 2006 y ratificada por México en 2008), una desaparición forzada ocurre cuando:

• Una persona es privada de su libertad (arresto, detención, secuestro) de manera intencional.
• Esta privación es llevada a cabo por agentes del Estado o por personas/grupos que actúan con autorización, apoyo o aquiescencia del Estado. 
• Se niega la existencia de la privación o se oculta el paradero de la persona, dejándola fuera del amparo de la ley.

 La definición también está incorporada en la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas de México (2017), que en su Artículo 4 describe el delito como: 

 ·       "La privación de la libertad de una persona por agentes del Estado o con su complicidad, seguida de la negativa a reconocer dicha privación o de ocultar el destino o paradero de la persona desaparecida."

Por tanto, se habla de desapariciones forzadas cuando hay una acción deliberada que involucra al Estado (directa o indirectamente) y un encubrimiento posterior, lo que distingue este delito de secuestros privados o desapariciones no vinculadas a autoridades.

 ¿Cuándo se considera responsabilidad del estado?

 El Estado puede ser considerado responsable de una desaparición forzada en los siguientes escenarios, según el marco jurídico internacional y mexicano:

Participación directa de agentes estatales: 

Cuando policías, militares o funcionarios públicos ejecutan la desaparición. 

Un ejemplo: Los casos de los 43 estudiantes de Ayotzinapa (2014), donde policías municipales de Iguala, coludidos con el crimen organizado, entregaron a los estudiantes a un cártel, con presunta omisión o complicidad de autoridades estatales y federales.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos han señalado responsabilidad estatal por acción directa y falta de investigación. 

Criterio: Si un agente estatal (federal, estatal o municipal) participa, la responsabilidad recae en el Estado por ser sus representantes.

Aquiescencia o complicidad del Estado: 

Cuando el Estado no actúa directamente, pero permite, tolera o encubre la desaparición realizada por particulares (ej. crimen organizado) bajo su conocimiento o con su apoyo implícito.

 Un ejemplo reciente: En estados como Tamaulipas o Guerrero, donde persisten altas tasas de desapariciones (más de 10,000 casos anuales según el Registro Nacional de Personas

Desaparecidas, RNPD), reportes de ONGs como el Comité Cerezo señalan que autoridades locales a menudo no intervienen o protegen a grupos criminales. 

Criterio: La omisión deliberada o la colusión convierte al Estado en responsable, según el Artículo 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (obligación de garantizar derechos).

 Falta de prevención y debida diligencia:  El Estado es responsable si no previene las desapariciones pese a conocer patrones de riesgo o si no investiga de manera pronta, exhaustiva e imparcial tras la denuncia. 

Un ejemplo: Recuérdese que el informe de la ONU (2022) criticó a México por la impunidad en el 98% de los casos de desapariciones (más de 110,000 personas desaparecidas acumuladas al RNPD en 2025), señalando negligencia estatal en búsqueda e investigación. 

Criterio: La obligación de proteger (Convención Internacional, Art. 2) implica que la inacción es tan grave como la acción directa.

Contexto sistemático o generalizado:  Cuando las desapariciones forman parte de una política estatal o un patrón tolerado, se considera un crimen de lesa humanidad, imputable al Estado.

Un ejemplo histórico: Durante la Guerra Sucia (1960-1980), el Estado mexicano ejecutó desapariciones forzadas contra disidentes (ej. caso Rosendo Radilla, sentenciado por la Corte IDH en 2009),  evidenciando una práctica sistemática.

Un ejemplo actual: Aunque en 2025 el gobierno de Claudia Sheinbaum niega una política deliberada,  organizaciones como Amnistía Internacional sugieren que la tolerancia hacia el crimen organizado en zonas críticas equivale a una aquiescencia estructural. 

Criterio: La sistematicidad agrava la responsabilidad estatal, según el Estatuto de Roma (Art. 7).

Marco legal y situación actual en México (2025)

Instrumentos Legales: La Ley General de 2017 obliga al Estado a prevenir, investigar y sancionar desapariciones forzadas, con la creación del Sistema Nacional de Búsqueda y la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB). 

 El RNPD reporta avances en registro (110,000 casos documentados), pero la CNB enfrenta críticas por falta de recursos (presupuesto de 700 millones de pesos en 2024, insuficiente según colectivos).

Contexto Actual:  En 2025, México sigue bajo escrutinio internacional. El Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada (CED) señaló en su última revisión (2023, con seguimiento pendiente) que persiste la "impunidad estructural" y la colusión entre autoridades y crimen organizado.

 Casos recientes, como las desapariciones en Nuevo León vinculadas a operativos policiales fallidos (Reporte Indigo, marzo 2025), refuerzan la percepción de responsabilidad estatal por acción u omisión. 

 El gobierno de Morena argumenta esfuerzos (10,000 localizaciones desde 2018 según la CNB), pero colectivos como el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México denuncian que la falta de resultados efectivos equivale a complicidad pasiva.

 Criterios para imputar responsabilidad al Estado

•  Evidencia de participación: Documentos, testimonios o hallazgos (ej. fosas clandestinas con restos vinculados a operativos oficiales). 
•  Negativa o encubrimiento: Autoridades que niegan detenciones o no proporcionan información (ej. "no hay registro" en comisarías).
•  Falta de investigación: Casos sin avances pese a denuncias formales (98% de impunidad, ONU). 
•  Patrón tolerado: Alta incidencia en zonas bajo control estatal sin acción efectiva (ej. Tamaulipas, con 12,000 desaparecidos acumulados).

En resumen

Se habla de desapariciones forzadas cuando hay privación de libertad con intervención estatal (directa o por aquiescencia) y ocultamiento del destino de la víctima. El Estado mexicano es responsable cuando sus agentes participan, toleran estas acciones o fallan en prevenirlas e investigarlas, como lo establecen la Convención Internacional, la Ley General y sentencias internacionales.

En 2025, la persistencia de más de 110,000 casos, la impunidad y la colusión en regiones críticas evidencian una responsabilidad estatal que va más allá de la retórica oficial. La autonomía de las instituciones no exime al Estado; al contrario, su incapacidad para coordinar esfuerzos efectivos lo incrimina aún más.

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[1] Notas elaboradas con base en diversas consultas a la plataforma de IA de X, Grok. (abril 2025)