La librería Educal en el Barrio de La Conchita: 

Es hora de destapar la cloaca: 

El caso de Guerra Castellanos y Asociados

Segunda Parte

 

En el apartado número 13 del documento dado a conocer por la ASF, del que dábamos cuenta en la primera parte de esta entrega, se señala que la Dirección General de Administración (DGA) de Conaculta, mediante el contrato número CNCA/DGA/PS/01254/11 del 1 de marzo de 2011, contrató através de una adjudicación directa los servicios profesionales de la empresa Guerra Castellanos y Asociados, S.A. de C.V. (despacho de gestoría política muy cercano a Televisa dirigido por el hijo que tuviera Rosario Castellanos con el filósofo Ricardo Guerra).  

El motivo de esta contratación fue realizar el “análisis y diagnóstico de la problemática que enfrentaba el CONACULTA respecto de la construcción del centro cultural “Elena Garro” a fin de determinar los distintos escenarios posibles y sugerir las acciones a realizar para dar solución a la misma”.

Según los informes de actividades mensuales entregados por la empresa Guerra Castellanos y Asociados S.A. de C.V., los objetivos de su servicio fueron lograr el retiro de la clausura y aval de las autoridades delegacionales y de los vecinos por el caso del Centro Cultural Elena Garro; neutralizar y/o contrarrestar posibles riesgos a la imagen del CONACULTA; coadyuvar a crear un clima mediático favorable para su construcción y mantener la línea de comunicación con el Comité Ciudadano de la Conchita.

En los informes, el despacho contratado afirma haber realizado actividades de identificación de los principales actores (aliados y opositores) del caso; comunicación constante y reuniones con directivos del CONACULTA, EDUCAL, S.A. de C.V., integrantes de Comité Vecinal del Barrio de la Concepción y otros líderes vecinales de la Delegación Coyoacán; monitoreo constante del tema en redes sociales y medios de comunicación y desarrollo de posibles escenarios y elaboración de notas con recomendaciones.

Los resultados de la auditoría muestran que para realizar la contratación del despacho Guerra Castellanos y Asociados, la DGA no emitió el dictamen, requerido normativamente en estos casos, en donde se determinaba que no se contaba con personal capacitado o disponible para la realización del servicio contratado, ni tampoco elaboró el informe donde se dieran a conocer los resultados obtenidos y la forma de como los servicios contribuyeron al logro de los objetivos, lo que debió haberse entregado a la titular del CONACULTA y al Órgano Interno de Control.
La auditoría también reportó que la erogación fue con cargo a la partida restringida 33104 “Otras Asesorías para la Operación de Programas”, y para lo cual tampoco se cumplió con los requisitos consistentes en informar a la Dirección General de Presupuesto y Recursos Financieros de la SEP la descripción sucinta del objeto del contrato.
El monto que se le pagó al despacho del hijo de Rosario Castellanos por esta actividad supuestamente profesional ascendió a 2,041,600 pesos, cantidad que en total fue cobrada en ocho exhibiciones mensuales através de los instrumentos Cuentas por Liquidar Certificadas correspondientes. Es decir, ¡Conaculta pagó durante ocho meses para supuestos trabajos de cabildeo y mejoramiento de su imagen en La Conchita más de 250 mil pesos mensuales! Sí, más de un cuarto de millón de pesos mensuales, durante ocho meses.

Para este conjunto de anomalías administrativas, que en el contexto de las enormes irregularidades involucradas en la construcción de la librería Elena Garro representan tan sólo una pequeña parte, la ASF determinó la siguiente recomendación: "Ante el Órgano Interno de Control en el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión realizaron la contratación de los servicios profesionales con la empresa Guerra Castellanos y Asociados, S.A. de C.V., por 2,041.6 miles de pesos sin emitir el dictamen respecto de que no se contaba con personal del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes capacitado o disponible para la realización del servicio; no elaboraron el informe donde se diera a conocer como contribuyeron los servicios al logro de los objetivos de la institución, y no informaron a la Dirección General de Presupuesto y Recursos Financieros de la Secretaría de Educación Pública la descripción sucinta del objeto del contrato.

Sabemos que con esta recomendación no se tocará a la señora Sáizar y que las sanciones serán menores para los funcionarios involucrados; pero por algo se empieza y ahora esperamos que la Contraloría de Conaculta haga pronto su trabajo.

Independientemente que los instrumentos aplicados por la propias ASF no le permiten evaluar la calidad del trabajo del despacho de Guerra y Asociados (por cierto ahora registrado para hacer cabildeo en la Cámara de Diputados a favor de Televisa); consideramos que hay elementos para que también se le sancione. Parafraseando a Woody Allen: ¡Qué mal trabajo realiza; pero eso sí, cobra muy caro!

La librería Educal en el Barrio de La Conchita: 

Es hora de destapar la cloaca: 
El caso de Guerra Castellanos y Asociados
Primera Parte

La Auditoría Superior de la Federación (ASF), como parte del proceso de revisión de la Cuenta Pública 2011, el pasado mes de febrero hizo públicos los resultados iniciales de dos auditorías practicadas al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta). 
Como era de esperarse, el resultado de las auditorías ha sido por demás negativo. A lo largo de los últimos años CONACULTA no sólo  mostró serias deficiencias en la promoción del desarrollo de la cultura en el país sino que, además, exhibió notables anomalías en el manejo de los recursos que de manera cuantiosa le fueron asignados en los presupuestos federales. 
Conforme lo han difundido los medios, la ASF realizó a Conaculta dos auditorías (a una pequeña muestra del presupuesto total ejercido): una de desempeño y una de financiamiento y cumplimiento del programa Impulso al Desarrollo de la Cultura. La primera de ellas terminó generando 30 recomendaciones al desempeño y la segunda 22 observaciones junto con 10 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria.
De manera general se observa en el informe de la ASF que Conaculta no diseñó indicadores ni metas para evaluar el cumplimiento de las estrategias establecidas en el Programa Nacional de Cultura 2007-2012, ni contó con la información de su sistema contable requerida para determinar los costos de los apoyos dirigidos a la creación del arte y a la promoción y difusión del patrimonio artístico y cultural; no estableció relación alguna entre los objetivos de corto y mediano plazos (una forma elegante de referirse a una administración de ocurrencias), ni tampoco acreditó las diferencias en cifras de los reportes internos de apoyos a la creación del arte.
No llevó a cabo la evaluación del desempeño del programa, ni presentó información suficiente para evaluar los resultados del impulso al desarrollo de la cultura en los principales documentos de rendición de cuentas.
El reporte de la ASF muestra que Conaculta no cumplió con las disposiciones normativas aplicables para el ejercicio de los recursos e incurrió en graves anomalías. Por ejemplo: generó un pasivo circulante por 1,187.3 millones de pesos no registrados en los módulos correspondientes ni reportados a la SHCP; no demostró que los saldos por 34,1 millones de pesos de 22 cuentas bancarias estaban devengados al cierre del 2011; el manejo de los recursos de dos partidas restringidas no se sujetó a los lineamientos respectivos; realizó adjudicaciones directas por 32 millones de pesos sin garantizar las mejores condiciones para el Estado, etcétera, etcétera.
Para quienes desde hace varios años hemos venido denunciando el ilegal proceder de Conaculta en su capricho de construir a toda costa una faraónica librería en el barrio de La Conchita en la Delegación de Coyoacán en la Ciudad de México, violando de manera flagrante las leyes y normas aplicables del caso; los resultados obtenidos por ASF no nos causan sorpresa. Los resultados de las auditorías no hacen sino reiterar lo que hemos venido denunciando. 
Para Consuelo Sáizar y sus secuaces el haber estado al frente de Conaculta no fue sino una oportunidad de despilfarrar el dinero del erario público en ocurrencias disfrazadas de "obras culturales" que sólo beneficaron a constructores, pseudointelectuales, amigos y familiares.
Para muestra un botón que describiremos en la segunda parte de esta entrega



 

 

¡Por la restauración del estado de derecho en La Conchita!

A los medios de comunicación: Invitación a conferencia de prensa

Los vecinos de La Conchita, Delegación Coyoacán de la Ciudad de México, invitamos a los medios de comunicación y noticiosos a la conferencia de prensa que realizaremos el jueves 21 de marzo de 2013 a la 11:00 hrs en el Restaurante El Convento, ubicado en la calle de Fernández Leal 96, Barrio de La Conchita, Coyoacán.

   

Además de agradecer a los medios la cobertura que han dado a nuestro movimiento, queremos dar a conocer a la opinión pública el estado en que se encuentran las diversas acciones jurídicas que seguimos manteniendo en nuestra lucha contra las ilegales acciones de CONACULTA y la vergonzante “apertura” que, contra viento y marea, ha realizado de su librería EDUCAL Elena Garro.

Queremos recordarle a la opinión pública que hasta el momento no ha habido una sentencia de los tribunales que le dé a CONACULTA la razón jurídica en este litigio y que, mucho menos, esté autorizada la apertura de su librería.

Queremos, además, denunciar la extraña forma en que CONACULTA ha decidido acudir a un nuevo juicio de amparo para defender los intereses privados de EDUCAL, a pesar de que, como su propios abogados afirman, no tiene interés jurídico en el asunto, y que, en sentido estricto, dicha institución no es propietaria del inmueble ya que, como también repiten hasta el cansancio, pertenece a la empresa privada EDUCAL SA de CV.

En este sentido, queremos dar a conocer nuestra opinión sobre lo absurdo que es tener a una institución pública que utiliza fondos públicos para defender los intereses de un particular, y ver a funcionarios públicos del Estado diligentemente resguardando los intereses privados de una empresa llamada EDUCAL SA de CV.

Los vecinos de La Conchita queremos hacer del conocimiento público que, finalmente y después de tanto camino jurídico transitado, hemos llevado nuestro caso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación argumentando, entre otras cuestiones, la violación directa de CONACULTA al artículo 107 fracción V, inciso c) párrafo segundo de la Constitución General, y que nos encontramos en espera de un fallo favorable.

 En espera de su asistencia, quedamos de ustedes, atentamente

“La lucha continúa”

Vecinos de La Conchita