El reciente texto de Imanol
Ordorika, publicado el jueves 3 de diciembre de 2025 en el periódico La
Jornada, ofrece un diagnóstico preciso, y necesario, del estado de la educación
superior en México. Su fuerza radica no sólo en la enumeración de fallas de
política pública, sino en su capacidad para situar el debate en un momento
crucial: dos transiciones sexenales, grandes expectativas constitucionales y,
sin embargo, una ausencia persistente de proyecto nacional. La educación
superior, como advierte Ordorika, sigue atrapada entre la retórica del cambio y
la realidad del estancamiento.
En mi opinión acierta al
subrayar tres rasgos centrales del periodo reciente: la falta de un proyecto
integral para el sistema, la insuficiencia y regresión del financiamiento, y la
creciente distancia entre el Estado y las universidades públicas. El análisis
está anclado en datos verificables -cobertura, presupuestos, costo por
estudiante- y revela con claridad que, sin recursos y sin dirección
estratégica, los avances legales en materia de gratuidad, obligatoriedad y
autonomía quedan reducidos a aspiraciones formales.
Sin embargo, el texto del Dr.
Ordorika también abre una oportunidad para ampliar la mirada hacia otras
dimensiones que explican la crisis y que deben ser parte de cualquier agenda
seria de transformación. La educación superior mexicana no sólo enfrenta problemas
derivados del diseño federal o del presupuesto, sino también desafíos
estructurales dentro de las propias instituciones, que rara vez ocupan el
centro del debate público.
Una de esas dimensiones es la
situación de los profesores de asignatura, quienes representan entre 60% y
70% de la docencia universitaria. Se trata de la columna vertebral invisible
del sistema: docentes que sostienen la operación cotidiana de las universidades
y que, sin embargo, suelen laborar en condiciones precarias, con bajos
salarios, múltiples contratos temporales, cargas fragmentadas y escaso acceso a
formación o estabilidad. Esta estructura de empleo académico no sólo profundiza
desigualdades internas, sino que compromete de manera directa la calidad
educativa, la continuidad curricular y la posibilidad de implementar
innovaciones pedagógicas. Cualquier política pública orientada a la calidad o a
la equidad en la educación superior simplemente fracasará si no se enfrenta la
precarización docente de manera frontal.
Otra dimensión ineludible es
la crisis de los sistemas de pensiones universitarias, un "volcán
financiero" cuya explosión ha sido diferida por años mediante
transferencias extraordinarias y acuerdos parciales. Muchos regímenes de
beneficio definido heredados de décadas pasadas son financieramente inviables;
absorben recursos crecientes, limitan la planeación institucional y ponen en
riesgo la sostenibilidad de la expansión educativa. Atender la viabilidad
actuarial de estos sistemas ya no es una cuestión administrativa: es una
condición de supervivencia para las universidades públicas.
A ello se suma el papel de los
sindicatos universitarios, actores fundamentales en cualquier proceso de
transformación. No es posible reformar pensiones, renegociar condiciones
laborales o profesionalizar la planta académica sin su participación activa. Pero
también es cierto que algunas prácticas sindicales -rigideces, opacidad,
resistencia a evaluaciones, defensa de estructuras laborales que ya no
corresponden a la misión académica- han dificultado la modernización
institucional. Una política pública de educación superior que ignore a los
sindicatos está condenada al fracaso; pero una que no dialogue sobre la
necesidad de renovación sindical, transparencia y corresponsabilidad también lo
está.
Incorporar estas dimensiones
no debilita el argumento del Dr. Ordorika: lo fortalece. La crisis de la
educación superior no es responsabilidad exclusiva del gobierno federal;
tampoco es un problema que las universidades puedan resolver sin un marco nacional
coherente. Es una responsabilidad compartida, y requiere un nuevo pacto entre
Estado, instituciones, trabajadores académicos, sindicatos y sociedad.
Por ello, la columna de
Ordorika debería funcionar no sólo como diagnóstico, sino como convocatoria. Un
llamado urgente a que las y los estudiosos de la educación superior,
especialistas en política pública, analistas institucionales, rectores,
rectoras, legisladores, sindicatos y responsables de planeación educativa
participen en un proceso de deliberación seria, plural y basada en evidencia,
orientado a diseñar, entre otros aspectos:
· principios para una política nacional de educación superior;
· lineamientos para un programa de gobierno con horizonte de 10–15 años;
· propuestas para la profesionalización del personal académico;
· alternativas viables para la reforma de los sistemas de pensiones;
· mecanismos de diálogo social y renovación sindical;
· criterios para una expansión con calidad y equidad;
· modelos de financiamiento multianual y sostenido.
La ciudadanía ya manifestó su
deseo de cambio.
La pregunta ahora es si el
Estado, las universidades y los actores del sistema estarán a la altura del
desafío.
